Unos 2.500 jueces denuncian a la Unión Europea la «colonización política» del Poder Judicial

Aseguran que las últimas reformas legislativas afectan a su independencia

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Madrid / Colpisa

Tres asociaciones judiciales han remitido un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, en el que denuncian el «riesgo de violación grave» del Estado de derecho en España por las últimas reformas legislativas que afectan a la independencia judicial.

Los colectivos firmantes representan a unos 2.500 jueces de la carrera, casi la mitad del total, y solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas ante el intervencionismo político. Entre ellas, citan el inicio de procedimiento del artículo siete del Tratado de la Unión Europea. Este recoge la posibilidad de sancionar a un Estado por violar valores básicos como son los derechos humanos o el imperio de la ley, e implicar la pérdida de derechos de voto en el Consejo Europeo.

Asimismo, solicitan que tome conocimiento de su escrito acerca de la reforma del Gobierno de coalición sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debido a la reforma que impide el nombramientos de jueces estando este órgano en funciones y su «colonización por los partidos políticos». Una instrumentalización que afecta a la actividad gubernativa del Consejo, «disciplinaria, promoción y formación», y con ello a su «independencia e imparcialidad», señalan. 

Sistema «inconstitucional»

A juicio de los firmantes -la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente-, esta actuación pone en riesgo el Estado de derecho. Explican que el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque los partidos no se repartiesen los consejeros atendiendo a su representación parlamentaria, algo que no ocurre ahora. De ahí que abogan por reformar el actual sistema de nombramiento.

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