El juez del caso Neurona deberá acotar el delito electoral o el de financiación irregular de Podemos

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

José Manuel Calvente Redondo, ex abogado de Unidas Podemos
José Manuel Calvente Redondo, ex abogado de Unidas Podemos Unidas Podemos

Tras el cierre de cuatro de las líneas abiertas, sigue en pie la del presunto desvío de 50.000 euros a miembros del partido

11 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El caso Neurona se abrió en julio del 2020. El juez instructor, Juan José Escalonilla, encomendó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que pusiera nombre a las cuentas de Podemos, con especial detalle en los fondos usados en las elecciones generales de abril del 2019.

El germen del procedimiento fue una denuncia del ex abogado de la formación José Manuel Calvente, enfrentado a la cúpula del partido. Pero el elemento clave sería la entrada a la causa de un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que apreció indicios de delito tras examinar los gastos electorales. Y el magistrado comenzó a bucear en un contrato bajo sospecha de Podemos con una consultora llamada Neurona.

El juez ha acreditado en autos que en febrero del 2019 los responsables de Podemos redactaron un borrador de prestación de servicios con Neurona Comunidad, filial española que se constituyó en marzo siguiente. Dicha compañía se comprometía a desarrollar productos audiovisuales y anuncios para los morados por 363.000 euros con IVA.

La entrega se hizo efectiva, aunque desde el Tribunal de Cuentas se puso el foco en una serie de incongruencias, pues ni cuadran las fechas de la redacción, la firma y las facturas, ni la constitución ad hoc de la empresa en España que ejecutó, supuestamente, los servicios contratados. Un desfase que llevó al juez a calificar en enero pasado de «simulado» el contrato y que supuso que abriera el abanico indiciario no solo al delito electoral, sino también a la presunta financiación ilegal del partido.

De los 363.000 euros pagados por Podemos, unos 308.000 viajaron a México a una empresa llamada Creative Advice Interactive, subcontratada para la prestación efectiva de los trabajos. 

Caja de solidaridad

En estos diez meses, se han abierto varias líneas de investigación. Al menos cuatro se han cerrado con el criterio favorable de la Fiscalía por falta de indicios: el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos con la consultora ABD Europa para las elecciones del 2019; los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido; y la administración desleal en «sobresueldos».

Sigue en marcha, por ahora, el contrato con Neurona y la llamada caja de solidaridad. Esta ramificación fue reabierta por la Audiencia de Madrid en febrero y versa sobre el presunto desvío de dinero del fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales. Según Calvente, se utilizaron 50.000 euros de esa caja para pagar a miembros de Podemos.

El juez va a efectuar una batería de testificales para conocer la opinión de empleados de Podemos, citados el 19 de abril, y de Neurona en México, convocados para una semana después por videoconferencia. Ni el responsable de aquella campaña, ni el tesorero, la gerente o el administrador han sabido decir quiénes ni cuántos eran los empleados de Neurona. Podemos ha aportado una relación de 21 nombres. Cuando concluyan las diligencias, el juez deberá resolver si la causa pasa a la fase intermedia antes del juicio. Más si cabe porque en diciembre la Audiencia de Madrid, en el mismo auto que mantenía a Podemos como investigado, ya urgió al instructor a que acotase el delito o delitos que cabe imputar a los acusados y evitar así que la causa se prolongue «innecesariamente». Esto es, delito electoral y/o financiación irregular. La tercera vía, la del archivo provisional, parece más compleja por los indicios acumulados.