El pacto entre ERC y Junts encalla por las relaciones con el Gobierno central

El control sobre el «procés» y el reparto de poder en la Generalitat, otros obstáculos


Redacción

El reloj ha empezado a correr en Cataluña. Los dos primeros debates de investidura fallidos obligan a ERC y a JxCat, socios en el anterior Gobierno, a alcanzar un acuerdo de investidura antes del 26 de mayo y evitar así una nueva convocatoria electoral que tendría lugar en julio.

Las conversaciones se retomarán después de Semana Santa. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs tiene previsto iniciar una nueva ronda de consultas, pero todavía son muchos los escollos por superar. ERC y JxCat no ocultan sus desavenencias, pero son conscientes de que no facilitar un gobierno independentista tendría un elevado coste entre su electorado que nadie quiere asumir.

Puigdemont, el gran escollo

El expresidente huido en Bélgica, Carles Puigdemont es uno de los grandes escollos en las negociaciones. Desde Waterloo encabeza y dirige el denominado consejo para la república, un espacio no institucional que pretende convertirse en un gobierno paralelo al que se forme en Cataluña y dirigir el rumbo del procés. Pere Aragonès, el candidato a la presidencia de la Generalitat quiso marcar territorio en el segundo de los debates de investidura fallidos y advirtió a Puigdemont de que no aceptará «tutelas» porque su autoridad es «indelegable e insustituible». Desde el consejo por la república han tendido la mano a ERC para negociar su «reformulación» y sugieren la posibilidad de una «dirección colegiada», que está por ver que los republicanos acepten.

La estrategia en el Congreso

JxCat exige a ERC «unidad de acción» en Madrid, para que no se repitan disparidades de voto en cuestiones fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado y otras votaciones clave. Pero los republicanos reivindican su fuerza autónoma: sus 13 escaños en el Congreso superan los 10 de Junts y CUP (8 + 2). La mesa de negociación con el Estado, que ERC quiere reactivar y que la CUP acepta hasta evaluar sus resultados en el 2023, es también asumida por JxCat, que la ve con escepticismo y reclama fijar ya un rumbo sobre cómo continuar el procés si, como es previsible, el Gobierno de Pedro Sánchez descarta negociar un referendo.

Otra de las cuestiones pendientes es concretar de qué manera la mayoría independentista en la Mesa del Parlamento plantará cara a las decisiones de los tribunales que a su juicio socaven la soberanía de la cámara catalana. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ya ha advertido que no tolerará «injerencias» del Estado.

Otro de los aspectos clave es la administración del dinero público y, sobre todo, la gestión de fondos europeos para la recuperación del covid-19. Elsa Artadi, de JxCat es la mejor situada para asumir la cartera de Economía, pero Aragonès no quiere renunciar a su papel y propone un comisionado que dependería de Presidencia. Y todavía queda perfilar el reparto final de carteras del nuevo Ejecutivo, un asunto espinoso de final incierto.

Aragonès, atrapado entre Waterloo y Lledoners

Cristian Reino

Desde ERC reconocen que la cuestión del consejo para la república es uno de los grandes escollos de la negociación con Junts. El organismo exige competencias para decidir la estrategia si fracasa la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Pero desde el entorno de Aragonès también apuntan que el consejo sirve de parapeto para ocultar la lucha que subyace en las negociaciones y que no es otra que el reparto puro y duro del poder en el Gobierno.

Puigdemont quiere seguir mandando aunque Junts no haya ganado las elecciones, se quejan los republicanos, que piden a sus eventuales socios que admitan la derrota en las urnas del pasado 14 de febrero. Y, por tanto, que no reclamen un reparto del poder de 50 a 50. Las elecciones catalanas se planteaban como un plebiscito entre Junts y ERC, según defendió Laura Borràs en campaña, pero el pequeño margen entre los dos partidos ha dejado la gran batalla del soberanismo pendiente de resolución. Esa circunstancia se traslada a la mesa de negociación tapando cuestiones más prosaicas como el plan de gobierno, el reparto de consejerías o el control de TV3 y Catalunya Ràdio.

Sin carácter institucional

«El consejo para la república añade épica a las negociaciones», señala un diputado socialista. Esta entidad tiene actualmente 92.700 socios que han aportado un mínimo de diez euros cada uno. Nació en la pasada legislatura en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat bajo la presidencia de Quim Torra pero nunca ha tenido carácter institucional. Surgió con la «misión» de hacer efectivo el mandato del 1-O, es decir, «que la república proclamada el 27-O se convierta en realidad». En Esquerra siempre lo han considerado el «chiringuito» de Puigdemont. Los republicanos tienen a un dirigente en su cúpula, Isaac Peraire, vicesecretario general de coordinación interna, aunque cada vez se ha ido distanciado más de la entidad. Igual que la CUP.

Además del expresidente Puigdemont, forman parte del consejo de gobierno de esta organización extraparlamentaria, que no vota nadie en las urnas y trata de arrogarse funciones institucionales, Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Llach o la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. Mantiene viva la llama del «exilio» y permite al independentismo seguir abonando la esperanza de que aún es posible reactivar el próces.

Eludir al Estado

Nació como un gobierno paralelo en el exilio, en la casa de la república de Waterloo, para llegar «allá donde las instituciones catalanas no pueden hacerlo» por el riesgo a un nuevo 155. «A los independentistas nos preocupa mucho la tutela del Estado. Sirve para eludir esta tutela», ironizan en Junts. Aragonès abrió la puerta en su discurso de investidura del martes a dotar a la entidad presidida por Puigdemont de un papel en la legislatura, eso sí, sin «sustituciones ni tutelas». De lo que el republicano esté dispuesto a ceder depende su investidura. En la oposición ya le advierten de que se ha dejado «humillar» por Waterloo.

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