ERC y la CUP dan dos años a Sánchez para mantener la mesa de diálogo o lanzar un «embate» por la autodeterminación
ESPAÑA
ERC y la CUP acuerdan retirar las acusaciones a manifestantes salvo lesiones «acreditadas» a agentes
24 mar 2021 . Actualizado a las 12:18 h.ERC y la CUP han acordado dar un margen de tiempo a la mesa de negociación con el Estado para encarrilar una salida política al conflicto catalán y decidir, en la primera mitad del 2023, si vale la pena mantener el diálogo o es momento de lanzar un «nuevo embate democrático por la autodeterminación».
Así lo recoge el preacuerdo entre ERC y la CUP para garantizar este viernes la investidura de Pere Aragonès, un documento de 16 páginas que aún debe ser ratificado mañana miércoles por las asambleas de la CUP, a la espera de saber si también JxCat prestará sus votos para investir al actual vicepresidente del Gobierno catalán. Estas son las claves del preacuerdo alcanzado por ERC y la CUP.
Nuevo estado mayor
ERC y la CUP proponen crear un «espacio de trabajo» entre partidos y entidades independentistas para «preparar las condiciones para el nuevo embate democrático con el Estado». Esta «mesa de dirección estratégica» del independentismo se inspira en el llamado «Estado Mayor» del procés, liderado en el 2017 por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que se encargó de preparar en la sombra el referendo unilateral del 1-O.
Este nuevo «espacio de debate estratégico fuera de los focos» colisiona con los intereses de Puigdemont, que ahora encabeza desde Bélgica el llamado Consejo por la República, un espacio del que se ha desmarcado ERC pero que JxCat quiere erigir en una institución paralela que marque el rumbo de la estrategia independentista.
Límite al diálogo
Pese a su escepticismo sobre los frutos que puede dar el diálogo con el Estado, la CUP acepta dar un «cierto margen de tiempo» a la mesa de negociación entre gobiernos -en la que solo participaría si se negociase autodeterminación y amnistía-, mientras que ERC promete «no dilatarla innecesariamente» y rendir cuentas de sus resultados.
Durante la primera mitad del 2023 se analizarán los frutos de la mesa de negociación con el Estado -creada en febrero del 2020 y que no tuvo continuidad tras el estallido de la pandemia de covid- y se decidirá si hay que mantener el diálogo o dar por agotada esa vía, según señala el preacuerdo, que también menciona un posible «Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación» en Cataluña.
ERC y la CUP plantean una legislatura en dos fases, «acumulación de fuerzas y confrontación democrática», de manera que si la mesa de diálogo no da resultados, lanzarán un «nuevo embate democrático» por la vía que «el conjunto del independentismo valore como la más adecuada», priorizando la fórmula del referendo.
Fuerzas de seguridad
ERC y la CUP han pactado retirar las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, salvo en aquellos casos en los que los agentes de policía hayan resultado heridos y tengan lesiones «acreditadas con certificado médico». Este compromiso figura en el preacuerdo programático alcanzado por ambos partidos para investir presidente de la Generalitat al candidato de los republicanos, Pere Aragonès, y consultado por Europa Press.
«En las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas, si corresponde, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves», añaden.
El documento recoge también el compromiso de suspender el uso de los proyectiles de foam «hasta que no sea público» su protocolo, tal y como trascendió cuando ambas formaciones explicaron que ultimaban un preacuerdo de investidura. En cuanto el protocolo de uso del foam sea público -según el documento- ambos partidos exigirán que se cumpla «de forma estricta», sin vulneración de derechos fundamentales.
Orden público
La CUP y ERC han pactado desplegar una nueva instrucción interna para marcar unos «baremos proporcionales y homogéneos» en todas las actuaciones de orden público, y priorizar la mediación a través de la consejería de Justicia desde el momento en el que se presenten diligencias ante un juzgado.
También han acordado poner en marcha mecanismos para eludir la aplicación de la Ley orgánica de protección ciudadana -la llamada Ley Mordaza- cuando vulnere el derecho de manifestación, y garantizar que ninguna actuación policial se basa en la «discriminación»; en ese sentido, promoverán la aplicación de la jurisprudencia europea para evitar persecuciones a personas racializadas, expone el escrito.
Además, se comprometen a desplegar un programa para la identificación policial eficaz para «luchar contra las identificaciones por perfil étnico y que aporte garantías a la población criminalizada por racismo, antigitanismo, homofobia, machismo, islamofobia y xenofobia».
Para abordar estos cambios en el orden público, CUP y ERC plantean crear una comisión parlamentaria sobre el modelo policial catalán «fundamentada en los principios de transparencia, democratización, detención de cualquier tipo de abuso policial así como control público, independiente y democrático de los cuerpos policiales».
Estos acuerdos se recogen en un documento que tanto ERC y la CUP someterán a sus órganos internos y que los republicanos trasladarán a Junts con quien quieren llegar a un acuerdo que sea acorde con lo pactado con la CUP.
