Felipe VI, un año después de romper amarras con su padre

El 15 de marzo del 2020, el rey renunciaba a su herencia y le retiraba al emérito su asignación oficial

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el aniversario del 23F.
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el aniversario del 23F.

madrid / colpisa

Con el país recién confinado en sus casas y pendientes del coronavirus, el estado de alarma saltaba en los intramuros del Palacio de la Zarzuela, donde llevaban semanas combatiendo una crisis paralela al covid-19. Las sombras de sospecha sobre los negocios opacos de Juan Carlos de Borbón llevaron al rey a cortar amarras con su padre. Según desveló la prensa internacional, Felipe VI aparecía como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, esta última investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir presuntamente 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

En un comunicado inédito, el 15 de marzo del 2020 el monarca renunciaba a su herencia y le retiraba al emérito su asignación oficial. Dos medidas extremas con las que el monarca levantaba un cortafuegos para intentar proteger a la Corona del que durante décadas fue su principal valedor. Un año después de esa ruptura, la sucesión de escándalos del padre continúa acorralando al hijo mientras el deterioro de la imagen de la Corona crece imparable.

La salida de España

El aumento de las informaciones sobre las finanzas del emérito y las declaraciones críticas de ministros del Gobierno elevaron tanto la presión sobre Felipe VI que, finalmente, negoció con su progenitor su salida de España. El 3 de agosto, la Zarzuela hizo pública la carta en la que se escenificaba ese paso. Juan Carlos I comunicaba por escrito a su hijo su decisión de irse fuera para facilitarle el «ejercicio» de sus funciones como jefe de Estado. Aquel día, no se informó de adonde se había trasladado el monarca. Tuvieron que pasar dos semanas para conocer que había sido acogido por Emiratos Árabes, donde permanece desde entonces.

Aunque la marcha de don Juan Carlos parecía la cima de la escalada del escándalo, aún quedaban mazazos por llegar. En noviembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba dos nuevas investigaciones sobre él. La primera de ellas relativa al uso de tarjetas black con las que el emérito y parte de su familia costeó presuntamente comidas en restaurantes, viajes y compras. La segunda investigación está relacionada con la sospecha de que el monarca mantenía cargos de responsabilidad en un trust abierto en Jersey y que niegan desde su entorno.

Dos regularizaciones fiscales

Cuatro meses después de abandonar el país acuciado por los escándalos, Juan Carlos I pagó a Hacienda 678.000 euros a cuenta de lo gastado con las tarjetas opacas. Una regularización «voluntaria» con las que sus abogados intentaban frenar la investigación del Supremo y evitar que pudiese ser imputado. En febrero, el emérito repetía la jugada y abonaba a la Agencia Tributaria 4,4 millones por supuestos pagos en especie de ocho millones en vuelos privados sufragados por Zagatka. El monarca admitía de nuevo un incremento patrimonial no justificado y volvía a convertir a la institución en el blanco de las críticas obligando al presidente del Gobierno a salir en defensa de Felipe VI para destacar su «ejemplaridad» frente a la conducta «incívica» de su predecesor.

El goteo incesante de informaciones sobre las irregularidades y presuntos delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I han cargado de munición a Unidas Podemos y a los partidos independentistas para intensificar su ofensiva parlamentaria contra la Corona. Una estrategia de hostilidad que tensiona la relación del PSOE con sus aliados en el Gobierno y en el Congreso porque los socialistas se mantienen firmes en su defensa de la monarquía parlamentaria.

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