El Congreso aprueba la reforma que limita las funciones del Poder Judicial

Manuel Costoya
M. C. Cereijo REDACCIÓN

ESPAÑA

Los diputados guardaron hoy un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados en recuerdo a las víctimas del 11M
Los diputados guardaron hoy un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados en recuerdo a las víctimas del 11M Zipi | Efe

El CGPJ no podrá hacer nombramientos una vez expirado su mandato

12 mar 2021 . Actualizado a las 09:24 h.

Nuevo movimiento de pieza en la larga batalla por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años en funciones por la falta de acuerdo de los partidos. Ayer, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley del Consejo General del Poder Judicial, de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial una vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril. Es un paso importante pero no de tanto calado como la reforma anunciada primero y luego congelada que pretendía que el Poder Judicial pudiese ser renovado con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños), en lugar de los tres quintos (225) que exige la ley actual.

La propuesta presentada ayer por el PSOE necesitaba un amplio respaldo de la Cámara, que consiguieron los socialistas con holgura hasta sumar 196 diputados. En contra han votado el PP, Vox y Ciudadanos, 150 parlamentarios, y también hubo una abstención.

Cruce de reproches

Durante el debate previo, PSOE y Unidas Podemos defendieron que se trata de una propuesta «necesaria» ante el bloqueo impuesto por el PP a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace dos años. Los populares, por su parte, calificaron la reforma de «chantaje», mientras que Vox y Ciudadanos volvieron a hablar de ataque a la independencia del Poder Judicial.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaba reducir a mayoría absoluta los 225 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Desde entonces, la propuesta de los socios del Ejecutivo ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía vivas.

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación». En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.

A la espera de un acuerdo

PP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el Poder Judicial pero encallaron por el veto de los populares a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Desde entonces, las conversaciones entre ambos partidos se habrían reanudado sin que se conozcan progresos.

Entretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, este mismo jueves escuchó a la primera decena de candidatos para ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego.