Los socialistas se unen al PP y a Vox para que el rey no comparezca en el Congreso

La Mesa rechaza que Felipe VI deba explicar las regularizaciones de su padre

Efe

madrid / colpisa

La historia se repite. Todos los intentos de los grupos que apoyaron al Gobierno en la investidura para llevar al Congreso los últimos casos que han afectado a la Casa Real están condenados al fracaso. Se han encontrado con el rechazo mayoritario de la Cámara, pero han forzado al PSOE a tener que unirse a PP y Vox para evitar cualquier comparecencia indeseada. El último ejemplo fue el de ayer. La Mesa del Congreso rechazó la petición de los socios minoritarios del Gobierno para que Felipe VI explicase en la Cámara Baja la marcha de España del rey emérito y los «escándalos» de «las últimas horas, meses y años» de los miembros de la familia real, incluido el último episodio de vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi.

De nuevo, PSOE, PP y Vox unieron sus votos para tumbar esta iniciativa siguiendo el criterio de los servicios jurídicos de la institución que se oponían a su calificación por considerar que el Parlamento no tiene entre sus funciones la de controlar al jefe del Estado. Esquerra, EH Bildu, Junts, PDECat, la CUP, Más País, Compromís y el BNG solicitaron también la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar las polémicas protagonizadas por Juan Carlos I con sus dos regularizaciones fiscales. Una petición que tampoco salió adelante, aunque en este caso con el apoyo de Unidas Podemos, que votó en contra de citar al presidente del Gobierno.

Iniciativas minoritarias

El órgano de dirección del Congreso frenó también la enésima comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del anterior jefe del Estado tras su abdicación en junio del 2014. En este caso, el bloque de la investidura había solicitado su puesta en marcha con el argumento de investigar si la Fundación Zagatka financió al rey emérito vuelos privados de placer, y si, a partir de entonces, el padre de Felipe VI «omitió deliberadamente la obligación de declarar ante la Hacienda pública las cantidades percibidas o utilizadas para pagos de vuelos». También se pretendía conocer si las cantidades utilizadas por Juan Carlos I para regularizar sus cuentas «provienen de préstamos o de donaciones sujetas a obligaciones tributarias» con posterioridad a su abdicación.

Esta petición se registró después de que se conociera la noticia de la segunda regularización fiscal del rey emérito, en esta ocasión por valor de más de cuatro millones de euros. Los partidos que suscribieron la comisión querían saber si el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual jefe del Estado.

A este respecto, los letrados de la Cámara rechazaron calificar la iniciativa por considerar que no se ajustaba a lo previsto en la Constitución. Concretamente, al artículo 56.3, relativo a la inviolabilidad del monarca, y al artículo 65, que deja claro que «el rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa» que él «distribuye libremente».

Podemos volvió a cargar contra el PSOE por su actitud. El portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, calificó de «insulto a la inteligencia» los argumentos esgrimidos por su socio de Gobierno para vetar la tramitación de la comisión de investigación sobre las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por Juan Carlos I. Se quejó, también, de que la mayoría de la Mesa entienda que la inviolabilidad del monarca se extienda «eternamente», incluso cuando ya ha dejado de ser rey.

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