Llarena busca el aval del tribunal europeo a la euroorden contra Puigdemont y los exconsejeros Comín y Ponsatí

Quiere que la corte de Luxemburgo determine las razones por las que se puede rechazar un mandatao de detención y entrega

El magistrado Pablo Llarena, en una imagen de archivo
El magistrado Pablo Llarena, en una imagen de archivo

Madrid / Colpisa

La decisión del Parlamento europeo de suspender la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí abre un nuevo horizonte procesal para tramitar su entrega al Tribunal Supremo, donde están procesados por la causa del procés. La decisión del pleno de la Cámara de Bruselas ha obligado al juez Pablo Llarena a mover ficha. El instructor del caso del 1-O planteó este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra los procesados, después de que la Justicia belga se negara a entregar al exconsejero Lluís Puig hace unas semanas. Llarena, que ya había planteado esta posibilidad a las partes recibiendo el apoyo de la Fiscalía, busca que el TJUE determine las razones por las que se puede rechazar una orden de detención y entrega europea. Entre otras cosas, el magistrado ha pedido a la corte de Luxemburgo que establezca si la autoridad judicial de ejecución, los tribunales belgas en el caso de Puig, puede cuestionar la competencia de la autoridad judicial de emisión, el Supremo español, para actuar en la causa penal concreta. 

Corregir a los jueces belgas

De forma paralela, fuentes jurídicas del alto tribunal señalaron que el juez esperará a que la Eurocámara le comunique oficialmente que ha retirado la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí para solicitar a la Justicia belga que reactive las euroórdenes. En suma, Llarena quiere involucrar al TJUE para que, en caso de que le dé la razón, corrija la posición de los tribunales belgas, que han venido rechazando la tramitación de la euroórdenes durante estos últimos años.

En la Sala Segunda del Supremo consideran que sus colegas belgas se han excedido en la aplicación de la orden europea de detención, un mecanismo de confianza mutua. El simple traslado de la cuestión prejudicial ya obligaría al Parlamento Europeo a paralizar el procedimiento hasta que la corte de Luxemburgo se pronuncie. Los roces entre la Justicia belga y la española se remontan al 2018, cuando rechazaron por primera vez la entrega de los exconsejeros fugados. Desde entonces, han respondido con negativas a las peticiones de entrega, la última en enero: la Fiscalía se negó entonces a recurrir la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas, que denegó en segunda instancia la extradición de Puig por un delito de malversación. 

Fijación de criterios

Pero ante la posibilidad de que la historia se repita con Puigdemont, al que piden entregar por sedición y malversación, Llarena quiere que el TJUE se pronuncie.

El juez busca que la corte de Luxemburgo establezca criterios estables que le permitan mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención contra todos o algunos de los procesados por el procés. Todo ello a partir de la interpretación del Derecho de la Unión y las normas establecidas en torno a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

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