Despoja al expresidente catalán de inmunidad y abre la puerta a que se reactive el proceso de extradición
10 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Lo probable se ha convertido en definitivo. Pasadas las nueve de la mañana de ayer, el Parlamento Europeo notificó con carácter oficial que retira la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, atendiendo así al suplicatorio que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicitó al legislativo comunitario hace catorce meses. En el caso de Puigdemont, ha perdido la condición por 400 votos a favor frente a 248 en contra y 45 abstenciones. En los casos de Comín y Ponsatí, las diferencias en los votos fueron igualmente abultadas: 404, 247 y 42.
Se cumplió, en definitiva, lo previsto. Es decir, que la mayoría de los votos de los tres grandes grupos (populares, socialistas y liberales), así como los emitidos por la familia de Conservadores y Reformistas, con Vox en sus filas, fueron suficientes para dar luz verde al fin de la protección parlamentaria para los tres políticos catalanes, prófugos de la Justicia española desde el 2017.
El fin de la inmunidad parlamentaria para Puigdemont, Comín y Ponsati no conlleva la pérdida automática de su condición de eurodiputados. Mantendrán ese estatus aunque quedarán expuestos a las decisiones judiciales. La Eurocámara notificará de forma inminente a España que los eurodiputados carecen ya de cobertura parlamentaria y, en consecuencia, podrían ser investigados o llevados a juicio. Y como en los tres casos tienen procesos judiciales abiertos en Bélgica y Escocia por el curso de euroórdenes de arresto y entrega, la reactivación de los procedimientos no tardará en producirse. Otra cosa es el resultado de que la Justicia belga (y la escocesa, en el caso de Clara Ponsatí) retome las órdenes de arresto y entrega europeas (euroórdenes) que se encuentran en suspenso desde hace más de un año.
Recurso al tribunal de la UE
Y en este sentido existe un precedente que el equipo jurídico de los tres políticos catalanes va a tener muy en cuenta. Y es que a principios de año (el 7 de enero), la Sala de Apelaciones de Bruselas confirmó que rechazaba la solicitud de extradición del también exconsejero Lluís Puig bajo el argumento de que el Tribunal Supremo no era competente para cursar esa euroorden, ratificando así un dictamen similar de agosto. La otra derivada estará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que los independentistas ya anunciaron su intención de recurrir nada más conocerse que la comisión parlamentaria que seguía su expediente (el mismo que fue votado el lunes en pleno) se decantaba por retirarles la inmunidad.
«Es el único que puede restaurar el daño que se le ha hecho a la democracia europea», lanzó ayer Puigdemont, atacando así la decisión del Parlamento Europeo con el mismo argumento que usa para las instituciones españolas. En su recurso alegarán irregularidades en el procedimiento, como, aseguran, el que hubiese un único ponente para los tres, y solicitarán medidas cautelares. Lo que significaría dilatar la reactivación de las euroórdenes.
De momento, a Puigdemont se le abre otro frente judicial. El búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que elaboró el informe de la Eurocámara sobre los suplicatorios, anunció que demandará al expresidente catalán por llamarlo «fascista» en una reciente entrevista concedida a una revista de su país.
La ministra de Exteriores, Arancha González-Laya, fue la encargada de ofrecer la primera valoración del Gobierno. En su opinión, la Eurocámara lanza un triple mensaje: «que un eurodiputado no puede valerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales», «la solidez del Estado de derecho de España» y «que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa» como han dicho siempre.