Aragonès condena sin paliativos dos semanas después la violencia en las protestas callejeras

El vicepresidente en funciones urge al secesionismo a formar Gobierno para cambiar el modelo policial, como exige la CUP

Pere Aragonès entra en el hemiciclo en presencia del presidente de la Cámara, Roger Torrent
Pere Aragonès entra en el hemiciclo en presencia del presidente de la Cámara, Roger Torrent

Barcelona / Colpisa

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, condenó este miércoles de forma contundente y «sin paliativos» la violencia ejercida por grupos radicales en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel. Dos semanas ha tardado el candidato a la presidencia del Govern catalán en salir en apoyo explícito de los Mossos d'Esquadra y en arremeter contra la violencia generada en la calle por las algaradas. Hasta la fecha, había lanzado mensajes de rechazo, pero evitaba el verbo condenar. También respaldaba al cuerpo policial en su condición de funcionarios más que de policías. Los sindicatos policiales están en pie de guerra con el Gobierno catalán.

En la que puede ser su última comparecencia de la legislatura en el Parlamento autonómico, ya que la semana que viene se constituye la nueva Cámara, Aragonès no se anduvo con medias tintas. «Condenamos sin paliativos todos los tipos de violencia», afirmó. «Condenamos los actos vandálicos» y la «violencia contra la policía», remató. La presión de buena parte de los sectores económicos está siendo muy fuerte. Casi no hay día en que un colectivo salga a recriminar al Gobierno catalán por su tibieza a la hora de criticar los disturbios.

Las patronales y más de un centenar de entidades del mundo económico y social de Cataluña han convocado para este jueves un acto para reclamar al próximo Gobierno catalán que deje de hacer guiños a los antisistema y se centre en la recuperación económica. Aragonès replicará con una conferencia, en la que presentará su plan de gobierno.

El dirigente republicano ve cerca su investidura, pero a ERC, JxCat y la CUP aún les queda una semana de negociación a cara de perro. Lo que más temen los sectores económicos es que el futuro Gobierno dependa de la CUP, una formación a la que el consejero de Interior ha acusado de alentar, a través de su rama juvenil Arran, la violencia en las manifestaciones. 

Democracia de baja calidad

El líder de Esquerra trató de hacer equilibrios en su comparecencia parlamentaria. Por un lado, intentó mantener una posición institucional, condenando la violencia, y al mismo tiempo la enmarcó en lo que a su juicio es una democracia española de baja calidad, en la que se vulneran derechos y libertades. Aragonès urgió a las formaciones secesionistas a cerrar cuanto antes un Ejecutivo para abordar no solo las cuestiones sociales y soberanistas por las que a su entender protestan los jóvenes, sino para reformar el modelo policial, como exige la CUP.

Desde la oposición, Ciudadanos, PSC y PP fueron muy críticos. «Cataluña tiene un problema, que se llama la CUP», apuntó Cs. El PSC instó a Aragonès a elegir entre los Mossos o la CUP. «Lo ocurrido en Barcelona es terrorismo urbano», según el PP.

Comienza el juicio contra los cinco juristas de la Sindicatura Electoral del 1-O

Redacción
Miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O encausados a las puertas de la Ciutat de la Justícia de Barcelona
Miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O encausados a las puertas de la Ciutat de la Justícia de Barcelona

Están acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional

Los síndicos encargados de la supervisión del referendo ilegal del 1-O han negado que llegaran a ejercer sus funciones, en su declaración como testigos en el juicio iniciado ayer en Barcelona contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral acusados de desobedecer al Tribunal Constitucional, que había suspendido la consulta.

Cuando fueron designados en octubre del 2017 por el Parlamento catalán, Jordi Matas era catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Marta Alsina, abogada; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra; y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona. Su misión era garantizar la validez del 1-O, pero cesaron después de que el Constitucional les impusiera multas de 12.000 euros.

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