El juez pide un informe sobre la tarjeta del móvil de Dina Bousselham antes de citarla a declarar
ESPAÑA
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiere que los técnicos aclaren si se pueden recuperar los archivos del teléfono y cuándo fue el último acceso
03 mar 2021 . Actualizado a las 17:37 h.El juez del caso Dina ha solicitado a la Policía un informe sobre la tarjeta del móvil que fue presuntamente robado a la exasesora de Podemos Dina Bousselham antes de citarla para ver si exime de responsabilidad al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Tras pedirle el Tribunal Supremo que agotase la investigación, el magistrado solicitó a la Policía Científica que informase sobre la «viabilidad técnica» de acceder a la tarjeta de móvil de Bousselham, presuntamente sustraído en el 2015 y cuya información apareció en poder del excomisario José Villarejo.
Ahora, en un auto del 1 de marzo al que ha tenido acceso Efe, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pide una ampliación de la pericial informática para aclarar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro o inservibilidad de los archivos, si estos se pueden recuperar y la fecha del último acceso.
«Interés desmedido y no disimulado»
«Tan pronto como se reciba» esta diligencia, indica, citará a los peritos que elaboraron un informe sobre los daños de la tarjeta y a Bousselham, que fue muy crítica con el juez en su último escrito por, dijo, su «interés desmedido y no disimulado» en inculparla a ella o a Iglesias.
La Policía ya comunicó que para acceder a la tarjeta se necesita una «intervención física y directa», con el consiguiente «riesgo» que pueda suponer, y que se utilizarían «técnicas de tipo invasivo, que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio».
Es decir, que «cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone el que esta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro.»
Comprende el juez que la Policía no puede asegurar que el resultado de la intervención «sea exitoso» y los daños que podrían derivar de la misma, si bien entiende también que, según lo dictaminado por el informe, «resulta técnicamente viable instar la práctica de la diligencia».
«El riesgo de destrucción irremediable de la tarjeta no alcanza a superar la utilidad que, en orden a la exhaustividad impuesta por el Tribunal Supremo, resulta exigible para el esclarecimiento de los hechos investigados», sostiene el juez.
García Castellón pidió al Supremo imputar a Pablo Iglesias, pero el tribunal lo rechazó y le instó a que agotase la investigación a través de una serie de diligencias, entre ellas el interrogatorio de Bousselham para comprobar si denuncia o exime a Iglesias por examinar el 20 de enero del 2016 el contenido de la tarjeta y guardarla después.