Gobierno y PP mantienen las espadas en alto ante la renovación del Poder Judicial

Ambos se emplazan a mover ficha en la negociación del gobierno de los jueces

Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo
Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo
M. A. ALONSO
MADRID / COLPISA

Los vetos cruzados entre PP y Unidas Podemos mantienen bloqueadas las negociaciones del Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Socialistas y populares persisten, de momento, en sus posiciones y urgen al otro a dar su brazo a torcer. «Nosotros queremos reiterar, con la mano tendida, la necesidad de evitar vetos», alegó la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La formación de Sánchez insiste en que no accederá a sacar de la negociación los dos nombres propuestos por Podemos, Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Argumentan que ellos han aceptado sin poner peros todos los nombres propuestos por el Partido Popular y exigen reciprocidad.

Además, alegan que la propuesta de De Prada, el autor de las más duras frases de la sentencia de la trama Gürtel, siempre estuvo sobre la mesa. Y recuerdan que en el 2018 Pablo Casado lo aceptó, antes de que el acuerdo alcanzado con Sánchez saltara por los aires tras conocerse el mensaje de WhatsApp en el que el portavoz popular en el Senado se jactaba de ir a controlar el Supremo por «la puerta de atrás». Narbona achacó la posición del PP, que en todo momento se ha negado a suscribir un pacto que incorpore al socio minoritario de la coalición gubernamental, a su «miedo a Vox». 

Dos años caducado

Narbona adujo, además, que es «fundamental» que el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace más de dos años, tenga una composición que «refleje la realidad actual» del Parlamento porque «hoy refleja la mayoría absoluta que tuvo el PP en el 2011». Los conservadores atribuyen la falta de acuerdo sobre el Consejo a las pugnas domésticas del Gobierno de coalición.

«Si Sánchez quiere, se puede desbloquear ese proceso», aseveró el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. En el PP tienen claro que perfiles vinculados a Podemos y marcados políticamente, como Rosell y Prada, no pueden ser vocales del órgano judicial. «En política -remarcó Montesinos- la coherencia es muy importante».

Por otra parte, el PP no podrá enmendar en el Congreso la proposición de ley de reforma del CGPJ -que impide que haga nombramientos estando en funciones- porque los populares presentaron fuera de plazo las iniciativas, informa Efe. El portavoz adjunto del PP en este órgano, Guillermo Mariscal, planteó la posibilidad de que se aceptara tramitar las enmiendas de su partido a esta proposición de ley para ser debatidas en el pleno de la próxima semana.

Unidas Podemos acusa al PP de querer «comprar» a magistrados con ascensos al CGPJ 

La coportavoz de Unidas Podemos Isa Serra acusó este lunes al PP de tratar de «comprar» a determinados jueces con «ascensos» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras «veta» a los «valientes» que plantan cara a la corrupción. En una rueda de prensa en la sede de Podemos, en referencia a la fracasada negociación entre el Ejecutivo y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, Serra se refirió así sin mencionarlo a Alejandro Abascal, juez de refuerzo del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional donde se instruyen los casos Kitchen, Púnica, Lezo, y también el caso Dina, que afecta a Podemos.

La portavoz de la formación morada denuncia que los populares quisieran «ascender» a ese juez que juzga a su partido, mientras vetaban a los candidatos de Podemos, el juez del caso Gürtel José Ricardo de Prada y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.

Serra también acusó al CGPJ de tratar de «impedir los cambios sociales y feministas» por su informe negativo al anteproyecto de ley del solo sí es sí del Ministerio de Igualdad. Serra dijo que, si fuera por el CGPJ, tampoco se habrían impulsado en España ni la ley contra la violencia machista ni la del matrimonio igualitario, que contaron también con informes negativos de ese organismo.

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