La violencia en Cataluña complica las negociaciones para el nuevo Gobierno

Al menos 14 detenidos en la novena noche de disturbios en Barcelona, entre ellos el autor del fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro. El sindicato policial Sapol advierte de su hartazgo y que se «han pasado todas las líneas rojas»


Colpisa | Barcelona

La novena noche de disturbios en Barcelona para protestar por el encarcelamiento de Pablo Hasel se saldó el sábado con catorce detenidos. Entre ellos, el presunto responsable del ataque incendiario a una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente en su interior. El policía municipal pudo salir del vehículo sin heridas, pero el incendio pudo haber causado una tragedia. Además del ataque a la furgoneta policial, destrozaron una entrada de un hotel, una sede bancaria y practicaron el pillaje en diferentes establecimientos comerciales.

El día después de los disturbios, buena parte de las organizaciones políticas, empresariales y sindicales se echaron las manos a la cabeza y pidieron que se condene la violencia sin paliativos. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, anunció reuniones con el presidente en funciones, Pere Aragonès, la consejera Meritxell Budó y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para reforzar la seguridad.

Los miembros del Ejecutivo catalán, inmersos en una negociación para formar un nuevo Gobierno, han tardado quince días en reaccionar. La condena casi general puso este domingo en el punto de mira a la CUP, convocante de la protesta del sábado, y la formación que a través de Arran, su rama juvenil, ejerce presión con las movilizaciones. Aprieta desde la calle unas negociaciones para pactar un nuevo Gobierno catalán que se han tensado con la escalada violenta de las protestas.

Los anticapitalistas fueron, de hecho, los únicos que se pusieron de perfil a la hora de condenar el ataque a la furgoneta de la Guardia Urbana, calificado por los sindicatos policiales como «terrorismo callejero». ERC acordó con la CUP días atrás cambios en el modelo policial, como gesto hacia los anticapitalistas para lograr su apoyo a la investidura de Aragonès. La CUP reclama la eliminación de las balas de foam y la supresión de la unidad antidisturbios.

Tanto ERC como JxCat se habían mostrado receptivos con los antisistema, cuyos nueve escaños son decisivos para formar un gobierno de ERC y Junts. El consejero de Interior, a quien los sindicatos policiales acusan de haber dejado al cuerpo solo, salió en defensa de la Policía y advirtió que la supresión de la unidad de antidisturbios, como pide la CUP, no es negociable. «No se puede suprimir la Brimo», avisó en Rac-1.

Aragonès guardó silencio. El sábado evitó la comparecencia pública pero señaló a través de Twitter que siempre estará al lado del ejercicio de las libertades de forma pacífica, «nunca de los actos vandálicos y la violencia».

Grupo de 200 violentos

La Consejería de Interior apuntó a un grupo de unos 200-300 jóvenes como los autores de los disturbios. «Es violencia pura y dura, sin límites e inaudita», dijo el consejero. «La violencia está desbocada», afirmó tras varios días sin salir en apoyo de su policía. La indignación en el cuerpo va en aumento y los agentes se sienten moneda de cambio en la negociación para la formación del nuevo ejecutivo.

«¿El cambio de modelo policial empieza por intentar matar policías quemándolos?», denunció el sindicato de los mandos de los Mossos, que subrayó que la CUP convocó la protesta del sábado.

El sindicato de agentes municipales Sapol anunció que se personará como acusación contra el grupo responsable de quemar la furgoneta. «Han pasado todas las lineas rojas. Y los políticos cuestionando que el problema es el modelo de orden público. ¿Ha de morir un policía para que dejen de hacer el inmenso ridículo?», reprocharon también los sindicatos de los Mossos.

La negociación con la CUP se tensa y también entre Junts y ERC para ver quien asume el polvorín de la Consejería de Interior. El PP, mientras, aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pues a su entender hay una parte del Ejecutivo, Podemos, que alienta las manifestaciones violentas y la otra parte, PSOE, se mantiene en silencio para no molestar a sus socios independentistas. El PP habló de «terrorismo callejero» y exigió al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convoque «de urgencia» la Junta de Seguridad de Cataluña para que coordine la respuesta las fuerzas de seguridad del Estado.

Los empresarios catalanes reclaman en un manifiesto el fin de la violencia

La Voz

El Círculo Economía reprocha al Gobierno catalán su falta de autoridad ante actos violentos

Las patronales catalanas, con Foment y Pimec al frente, asociaciones de comerciantes como Comertia y Barcelona Oberta, y la Federación Española de Agencias de Viajes, entre más de un centenar de otras organizaciones del mundo empresarial, firman un manifiesto en el que exigen a la Generalitat y a los ayuntamientos que pongan fin a la violencia en las calles de Cataluña.

El manifiesto, que todavía se está ultimando, es la respuesta prácticamente unánime del sector empresarial y económico de Cataluña a los casi quince días de disturbios y pillajes que se están viviendo en las calles, sobre todo en Barcelona, aunque también en otras poblaciones.

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