PSOE y Podemos tratan de apartar a Villarejo de la comisión del caso Kitchen

La Comisión de Investigación sobre el caso Kitchen, que busca aclarar si el PP se valió de medios del Ministerio del Interior para sus propios intereses durante el Gobierno de Mariano Rajoy, inició este viernes su andadura en el Congreso con discrepancias en torno a la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, uno de los principales implicados de la trama. Mientras la mayoría de los grupos parlamentarios coincide en la necesidad de citarlo, PSOE y Unidas Podemos tratan de evitar su presencia en el órgano.

Los de Iglesias, que hace apenas un mes consideraban «imprescindible» su comparecencia, ahora ya no la ven «tan urgente», como reconoció el miércoles el diputado de la formación morada, Enrique Santiago, que además ejercerá como vicepresidente de la Comisión. El motivo con el que intentan justificar el cambio de criterio es que le atribuyen «una total falta de credibilidad».

Estos titubeos provocaron ayer, tras la primera sesión de la Comisión, las críticas incluso de algunas de las fuerzas que componen el llamado bloque de investidura, en las que el Gobierno se ha apoyado para sacar adelante los Presupuestos. «No se entendería que la supuesta izquierda española, PSOE y Podemos, lo veten. Hay tentaciones de hacerlo», zanjó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuyo partido espera la comparecencia de Villarejo, «el Vito Corleone de la película».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ahondaba en la analogía mafiosa escribiendo en Twitter que «una comisión sobre las cloacas sin Villarejo es como una comisión sobre la mafia sin Al Capone». EH Bildu, Compromís y Ciudadanos también veían «ineludible» la presencia del expolicía. Mientras que Macarena Olona (Vox) iba más lejos y lo atribuía a una «decisión» de Podemos para «salvar a PSOE y PP». «Empezamos mal», señaló.

Mandos policiales

Los socialistas, que junto a Unidas Podemos tienen el control total de la comisión, tampoco quieren convocar de entrada al comisario jubilado. Según avanzó su portavoz, Felipe Sicilia, pretenden que los primeros en acudir sean los mandos policiales implicados en la trama. A su juicio, el testimonio de los agentes con «entidad política» puede servir para poner «en contexto» a la comisión, aunque más adelante se cite a otros miembros del cuerpo.

El PP, por su parte, denuncia que socialistas y morados pretenden emprender contra ellos una «causa general e inquisitorial» en la que las conclusiones «ya están redactadas». Solicitaron que los trabajos de la comisión se retrasaran hasta después de la convocatoria de las elecciones catalanas, que están previstas de forma cautelar para el próximo 14 de febrero. Pero finalmente no se ha atendido dicha petición.

La lista de comparecencias se conocerá el jueves que viene, como quedó recogido en el plan de trabajo aprobado esta semana por la comisión. Se espera que sean citados el expresidente Mariano Rajoy, su entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Mientras, el ámbito judicial el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que se excluyan del caso todos aquellos «archivos y documentos especialmente sensibles» incautados en su día al excomisario José Manuel Villarejo que afecten «a la legislación de secretos de Estado o que de cualquier otro modo afecte gravemente a la seguridad de las personas o que perjudique a los legítimos intereses de terceras personas ajenas al procedimiento», recoge el auto.

Desde que comenzó la investigación ya se adoptaron sucesivas cautelares para preservar el carácter reservado de la documentación intervenida a Villarejo.