El Superior de Justicia catalán mantiene de modo cautelar los comicios el 14F

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, responsable de la convocatoria electoral
La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, y el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, responsable de la convocatoria electoral Rubén Moreno | EUROPA PRESS

La Generalitat presentará alegaciones, pero reactiva el dispositivo electoral

20 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El lío jurídico en el que se ha vuelto a meter la política catalana es de tal dimensión que a día de hoy nadie sea atreve a aventurar cuándo serán las elecciones autonómicas: el 14 de febrero, el 30 de mayo o quién sabe si en una tercera fecha. Dependerá de lo que resuelva la Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dice que a día de hoy los comicios deben celebrarse el 14F, en la data prevista inicialmente. Aunque este extremo podría cambiar en días.

De momento, el TSJC suspendió ayer de manera cautelar el decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno catalán, que dejaba sin efecto la convocatoria electoral del 14 de febrero y fijaba, sin llegar a la convocatoria formal, el 30 de mayo como alternativa. El alto tribunal catalán atendió las medidas cautelares solicitadas por dos de los recurrentes -un abogado y ex mosso d’ esquadra, que en su día se querelló contra la jueza Carmen Lamela por ordenar el ingreso en prisión provisional de los Jordis, y la formación Izquierda en Positivo-. La Lliga Democràtica, por partida doble, Federalistes d’Esquerres y Pacma también han impugnado, aunque no habían solicitado medidas urgentes.

Al activarse la convocatoria del 14F, la Junta Electoral Central y el Gobierno catalán dieron ya la orden de reactivar el proceso. Hoy concluyen los sorteos de los miembros de las mesas y el 23 es el último día para notificarlo a los interesados. La cita original con las urnas se mantiene de forma provisional, a la espera de que el TSJC resuelva el fondo de la media docena de recursos presentados contra el decreto del Ejecutivo catalán. La razón que dieron los jueces para adoptar medidas urgentes fue que, si no lo hacían, podía llegarse a «una situación prácticamente irreversible en cuanto a la posibilidad de celebrar las elecciones en la fecha inicialmente prevista».

El Gobierno catalán tiene hasta mañana jueves para presentar alegaciones, y pide a los jueces premura en resolver, ya que el viernes de la semana que viene empieza la campaña electoral. Lo que deberán determinar los jueces es si el Gobierno catalán, en las actuales circunstancias en que no hay presidente de la Generalitat, puede suspender un proceso electoral, que es fruto de unos mecanismos automáticos fijados por la ley, y establecer la fecha a su antojo.

«El actual Govern, en funciones, se arroga competencias que la ley no le confiere», según los recurrentes. Así, el presidente en funciones no puede ni cesar, ni nombrar consejeros, ni disolver el Parlamento, ni convocar elecciones. Algunos juristas apuntan que quien no puede convocar, tampoco puede desconvocar.

El Gobierno autonómico confía en que el TSJC le acabará dando la razón y las elecciones podrán celebrarse el 30 de mayo. A su juicio, el aplazamiento se decidió sobre la base de «criterios sanitarios y epidemiológicos que, a día de hoy, siguen vigentes», y con una «sólida base jurídica». 

Guerra interna

La decisión del TSJC provocó que salieran a relucir las luchas entre independentistas. JxCat no tardó ni un minuto en cargar contra ERC, que dirige la consejería encargada de los procesos electorales, y exigió que rueden cabezas, poniendo al candidato y vicepresidente Pere Aragonès en el disparadero. Este tachó de inadmisible «judicializar la lucha contra la pandemia». Su compañero Roger Torrent deslizó que si hay indultos antes del 30 de mayo, Oriol Junqueras podría ser candidato.

ERC y JxCat, contra el tribunal: «Es un 155 encubierto» y una «nueva injerencia judicial» 

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado este martes el respeto del Ejecutivo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender el aplazamiento de las elecciones catalanas y ha recordado que se trata de una medida «bastante coincidente» con la postura que ya expresó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.