El retraso de las elecciones catalanas deja en el aire los planes de Sánchez

El PSC pierde el factor sorpresa y aplaza los cambios en el Gobierno


Madrid | Colpisa

Apelar a la mala evolución de la pandemia tiene aroma de excusa para justificar el aplazamiento de las elecciones en Cataluña hasta el 30 de mayo. Más parece que el verdadero motivo del retraso es un intento de la mayoría de las fuerzas políticas catalanas para desactivar el efecto Illa en el tablero electoral tras el impacto de la irrupción del ministro de Sanidad al frente de la candidatura del PSC. Pero las consecuencias del cambio de fechas no afectan solo a Cataluña, también han trastocado los planes de legislatura de Pedro Sánchez.

Nadie duda de que las cifras del covid en Cataluña son preocupantes, pero con números iguales o peores se han celebrado elecciones en Estados Unidos, Francia y Alemania, y las habrá en Portugal el próximo domingo y en Países Bajos el 17 de marzo. El Gobierno catalán se mira en el espejo de Galicia y País Vasco, que las suspendieron en abril pasado, pero obvia que entonces había un confinamiento domiciliario y un acuerdo unánime de los partidos, circunstancias que no se dan en este caso. Todo apunta a que el noble argumento de no poner en más peligro a la población es la hojarasca para camuflar un debate electoral.

El empeño socialista para mantener la convocatoria del 14 de febrero, o en todo caso en marzo, evidencia también su empeño en rentabilizar el efecto Illa que recogen los sondeos. El PSC está crecido y quiere votar ya. Las encuestas le sitúan codo con codo con JxCat por ser la segunda fuerza (ahora son la cuarta). Un resultado que hace un mes ni aparecía en los sueños socialistas, y que además recortaría la presumible mayoría independentista.

Transversalidad

El principal activo de la candidatura de Illa es su transversalidad. De acuerdo al último barómetro del CIS, la mayoría de los votantes de ERC, JxCat y En Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña, tienen una valoración positiva del ministro. Incluso recibe mejor nota entre los electores de los comunes y de Ciudadanos que sus respectivos candidatos.

Ante este panorama, el soberanismo ha logrado un tiempo muerto para descafeinar la irrupción del ministro y virar el debate hacia los senderos del procés, un terreno en el que se mueve como pez en el agua, pero en el que el socialismo catalán está atenazado por sus ambigüedades y contradicciones. PP y Ciudadanos se han subido a la ola con la esperanza de mejorar sus expectativas aunque sea a costa de allanar el terreno a los independentistas y evitar que el PSC adquiera un papel protagonista. Es indudable que con el retraso los socialistas han perdido el factor sorpresa y corren el riesgo de que su candidato sufra un desgaste ante las feas perspectivas de la crisis sanitaria.

Las comparecencias de Illa en el Congreso además ya no van a ser como hasta ahora. No es lo mismo debatir como ministro de Sanidad que como candidato, y las palabras hasta ahora más o menos amables de los aliados del Gobierno, Podemos, Esquerra y PDECat, se tornarán en lanzas electorales. Por no hablar de la previsible escalada hostil de JxCat, PP, Ciudadanos y Vox.

La exposición pública que le ha aupado ahora le puede abrasar. El eje del debate ya no será la pandemia y su gestión, lo serán las dos caras de Illa, la de ministro y candidato, y la domesticada polarización identitaria volverá a estar en el centro de la dialéctica. A menos que Illa deje el Gobierno. Un viraje que dice no estar en sus planes. Ayer aseguró que está y estará «al 101 %» en derrotar la pandemia. «No voy a poner ningún matiz» al aplazamiento de las elecciones. El aplazamiento no solo deja en el aire el efecto Illa, también congela los planes de Pedro Sánchez, muñidor de la operación con el líder del PSC, Miquel Iceta. Lo que se presumía una jugada maestra puede desembocar en un fiasco.

De entrada, pospone la remodelación del Gobierno para cubrir la vacante del ministro de Sanidad y mantiene la incógnita de si acotará la crisis o aprovechará para acometer una reestructuración más amplia. También se queda en el limbo la renovación del Consejo del Poder Judicial, que Sánchez preveía alumbrar, previo visto bueno del PP, tras las elecciones de febrero. Pero sobre todo arroja incertidumbre sobre las relaciones con Esquerra, capitales para la estabilidad gubernamental. Una campaña no es el mejor escenario para buscar la complicidad de los republicanos mientras en Cataluña se parten la cara con el PSC.

El Ejecutivo se plantea posponer el tema de los indultos hasta después de los comicios

El retraso de las elecciones catalanas al 30 de mayo no ha alterado el discurso del Gobierno. A pesar de haber lanzado señales aparentemente favorables a la concesión de indultos a los doce condenados del procés, el Ejecutivo siempre ha evitado pillarse los dedos. Su mensaje era que, en todo caso, no daría tiempo a resolver antes de que los catalanes fueran a las urnas el 14 de febrero. Ahora que la cita tendrá lugar tres meses y medio después, en Moncloa aún mantienen que es posible que no haya margen para que el Consejo de Ministros decida en ese plazo.

La nueva fecha aumenta la capacidad de presión de las fuerzas independentistas, e incluso de Unidas Podemos, sobre el Gobierno que, con su estrategia de cierta ambigüedad, estaba siendo capaz de no incendiar los ánimos de un electorado fácilmente polarizable. Pero en las últimas semanas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha ido soltando las píldoras para un relato que debería permitir a Pedro Sánchez resistir en sus posiciones entre dos aguas.

El pasado 30 de diciembre, cuando el retraso de los comicios era ya una posibilidad siquiera remota, Campo advirtió en una entrevista 1 que no podía comprometerse con que el Ejecutivo fuera a tomar una decisión sobre la medida de gracia solicitada para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó en el primer semestre del año. Admitió que era lo más probable. Pero expresamente dijo que no quería poner la fecha del mes de mayo para que no le acusaran de incumplir si finalmente se iban a junio o más tarde.

El ministro de Justicia también subrayó este jueves, ya sabiendo que el Gobierno catalán era partidario del retraso de los comicios autonómicos, que de media los procesos de concesión de indultos que ha abordado el Ejecutivo en los últimos dos años han durado entre diez y doce meses.

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