El Ejecutivo apuesta por profundizar la agenda social para el nuevo curso legislativo

Un año después de la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno de coalición mantiene las tensiones internas entre sus dos socios pero parece haber tomado velocidad de crucero tras la aprobación de los Presupuestos con una holgada mayoría en el Congreso. Superado el reto y tras centrarse durante este tiempo en combatir el coronavirus, el Ejecutivo pretende retomar ahora su hoja de ruta sin perder de vista los negros nubarrones económicos y laborales que la pandemia deja a su paso. Y dispuesto a arrinconar al PP con el viejo fantasma de la corrupción.

Tras la aprobación en los estertores del 2020 de la ley de eutanasia y de la conocida ley Celaá, que deroga la Lomce, Sánchez y su gabinete tienen en la línea de salida varios proyectos legislativos en distintas fases de tramitación y algunos de ellos son de los llamados ideológicos. Es el caso de la ley de cambio climático y transición energética, y la de protección integral a la infancia, de la que ha hecho bandera el vicepresidente Pablo Iglesias. Dos normas con las que la coalición buscará anotarse un amplio apoyo parlamentario.

El Gobierno, que fijó la emergencia climática entre sus apuestas de los primeros cien días, aprobó en mayo el texto con el que blinda espacios como Madrid Central y prohíbe los coches nuevos que emitan CO2 a partir del 2040 con el objetivo de llegar a la neutralidad climática en el 2050.

Los trabajos parlamentarios ya han avanzado y se prevé que la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico apruebe el dictamen de la ponencia en unas semanas para que continúe su tramitación en el Senado. La bautizada como ley Rhodes, por el pianista británico que fue víctima de abusos sexuales cuando era niño, se registró en la Cámara Baja a finales de junio, aunque las enmiendas parciales no se presentaron hasta octubre.

Alargar la prescripción

Fuentes parlamentarias subrayan el deseo unánime de todos los grupos de acelerar esa tramitación para que el proyecto, que pretende alargar la prescripción de los delitos sexuales para que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora, pueda estar listo en unas semanas. Una norma aplazada en varias ocasiones y que llega al Congreso con el acuerdo desde el 2017 de organizaciones de infancia, sociedad civil y formaciones políticas. Otros emblemáticos proyectos legislativos que el Ejecutivo tiene en cartera, a la espera de ser entregados al Congreso para su tramitación en este período de sesiones, son la ley de Memoria Democrática, la de Enjuiciamiento Criminal o la de libertad sexual, más conocida como la ley del «solo sí es sí». El Ministerio de Igualdad prepara, además y de cara al 8-M, una nueva ley de Igualdad de las personas trans, con su anteproyecto ya avanzado, y planea una ley de Igualdad de las personas LGTBI.

En la agenda del Gobierno también está la reforma del Código Penal con la que se modificará los delitos de sedición y rebelión. Aunque en la Moncloa sostienen que el cambio es una adecuación de la norma española a la del resto de Europa, en la práctica su aprobación puede suponer la salida de la cárcel de los líderes independentistas del procés. De momento, la reforma, que tendrá un duro debate parlamentario condicionado, además, por los resultados de las elecciones catalanas. Desde Unidas Podemos ya se ha recriminado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haberse «desatendido» de la misma tras haber prometido que estaría lista en el 2020. Arrinconar al PP Sujetas todavía a sucesivas ampliaciones de los plazos para la presentación de enmiendas están la proposición de ley que modificará la ley mordaza, así como la reforma de la ley de Secretos Oficiales, que el PNV lleva registrando sin éxito desde 2016 y que teme que vuelva a quedarse de nuevo en el tintero.

En cambio, el Ejecutivo ha pisado el acelerador para tramitar cuanto antes la reforma que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya superado sus cinco años de mandato, como ocurre en la actualidad, y presionar así al PP para que se avenga a negociar la renovación de este órgano. Los socialistas mantienen, por el momento, en el congelador la propuesta de cambiar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del Consejo sin la connivencia de los populares porque ha sido objeto de llamadas de atención de la Comisión Europea y del Consejo de Europa por intromisión en el Poder Judicial.

Aislar al PP

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias buscarán además poner contra las cuerdas a Pablo Casado en el Congreso con la comisión Kitchen. Este órgano, presidido por la socialista gallega Isaura Leal, indagará en el presunto uso del Ministerio del Interior, durante el mandato de Mariano Rajoy, para tapar los casos de corrupción dentro del partido. Los socios de coalición aprovecharán el desfile del expresidente del Gobierno o de varios exministros populares, entre otros exaltos cargos del PP, para alejar el foco mediático de su gestión de la pandemia y desgastar a los conservadores. Los de Casado intentarán contrarrestar el golpe solicitando la comparecencia de dirigentes del PSOE e insistiendo en investigar en la Cámara baja la presunta financiación irregular de Podemos.

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