Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada.
Y el PP, según ha confirmado a Europa Press su actual portavoz, Cuca Gamarra, «evidentemente» tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.
Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión de secretos oficiales, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.
Con este ambiente, los principales grupos de la cámara no tienen prisa y todo apunta a que la creación de esta comisión se irá dilatando en el tiempo porque, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, para que la elección de los miembros de secretos pueda llegar a incluirse en el orden del día del Pleno tiene que haber un cierto acuerdo, ya que sería un fracaso dedicar cerca de dos horas para esa votación con papeleta y en urna para que luego ningún diputado superase esos 210 votos necesarios.
Ya hubo vetos, pero había comisión
Los precedentes no son muy positivos, pero en legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la comisión de gastos reservados. Así, en la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición aberzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. «Con su pan se lo coman», fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.
Y, además, en el 2015 los populares se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría «mucho sentido» que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como «independentista».
