Marlaska critica los textos de la Fiscalía en contra del indulto a los presos del 1-O

Entiende que han de ser técnico-jurídicos y evitar consideraciones políticas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este mércoles en el Senado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este mércoles en el Senado

Redacción / La Voz

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deslizó ayer una crítica a los informes de los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que participaron en el juicio contra los líderes independentistas que impulsaron el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 en los que se oponen a que sean indultados por el Gobierno.

«Los informes, dentro del ámbito del Poder Judicial, a mí me gusta que sean informes técnico-jurídicos, los de la Fiscalía también», manifestó el ministro al ser preguntado por el asunto durante una entrevista en la Cadena Ser. Esas declaraciones conllevan un reproche a la posición de los representantes del ministerio público Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, quienes en sus escritos argumentan el veto a la medida de gracia como «moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios».

Los fiscales interpretan así un eventual indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Meritxel Borràs, Santi Vila y Carles Mundó a cambio de «acuerdos políticos» con sus partidos en beneficio propio.

Grande-Marlaska, quien durante la entrevista recordó a su interlocutora que es juez de profesión aunque está en servicios especiales, evitó pronunciarse sobre cuál será la posición del Gobierno respecto a los condenados por el Supremo. Salió al paso diciendo: «No ha llegado el momento procesal oportuno para pronunciarme».

Asimismo echó balones fuera el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, también magistrado de profesión, al recordar que «desde el primer día» que llegó al ministerio dijo que no se iba a pronunciar sobre ningún proceso abierto, por lo que no entró a valorar el informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del procés. Se limitó a manifestar que el Ministerio de Justicia «hizo lo que tenía que hacer, que es poner en marcha unos indultos de conformidad con la ley que regula el derecho de gracia», en referencia únicamente a la tramitación en sí. 

La prisión como obstáculo

En cambio, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de IU, reclamó poder hacer política e insistió en el hecho de que los dirigentes independentistas estén en prisión «obstaculiza las soluciones» al conflicto en Cataluña. Además, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, acusó a los fiscales de estar «contaminados políticamente».

Sobre los escritos de los fiscales del Supremo también fue preguntado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil, quien en una entrevista en TVE aseguró ayer que «no están encima de la mesa». Sin embargo, su homónimo en el PP, Javier Maroto, criticó en la misma cadena que la contrapartida de pactar los Presupuestos con los independentistas es que ahora estos «quieren más» y piden «sacar a la calle por la puerta grande» a los doce condenados por el procés. Maroto ha defendido que «los jueces tiene razón» cuando protestan diciendo «no me metáis a mí en vuestro jaleo político».

Aunque el Ejecutivo no ha adelantado cuál será su posición, hace dos semanas, Campo defendió tras un consejo de ministros que no hay «apriorismos» y puso sobre la mesa cuatro indultos concedidos en esa reunión del Gobierno, de los cuales dos habían contado con informes en contra de la Fiscalía.

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