La Fiscalía, contra el indulto a los presos del 1-O «como moneda política de cambio» por los apoyos

mateo balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; presos independentistas catalanes
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; presos independentistas catalanes

No aprecia razones de justicia, equidad o utilidad para merecer la medida de gracia y destaca la falta de arrepentimiento

23 dic 2020 . Actualizado a las 09:12 h.

La Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza que los líderes del procés condenados por sedición y/o malversación reúnan las condiciones que deben concurrir para acceder al indulto y advierte al tribunal que el perdón no debe operar «como moneda política de cambio en el campo del acopio de apoyos parlamentarios». Los informes de los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno ya fueron remitidos ayer a la Sala Segunda del Supremo que juzgó los hechos.

Con argumentos similares, la Fiscalía entiende que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la concesión de esta medida de gracia y rechaza que «las motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos» puedan «servir para adecuar las penas, previstas con carácter general por el legislador, al caso concreto». «Eximir de responsabilidad, por esta vía del indulto, a quienes valiéndose de las funciones públicas de gobierno han quebrantado gravemente las leyes [...], además de vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias, supone una quiebra inadmisible del principio de igualdad ante la ley al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal y corrupto», defiende en su escrito.

En el informe sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras, la Fiscalía recuerda que los hechos cometidos fueron de una «enorme gravedad». Su conducta, añade, «no agredió solamente al orden público, sino que también intentó quebrar el orden constitucional, además de afectar a la integridad patrimonial de la Administración pública mediante el uso ilegal de fondos públicos». Un argumento que hace extensivo al resto de los sentenciados que ostentaban cargos institucionales, ninguno de los cuales ha restituido el dinero malversado.

Los condenados, recuerda, ni han asumido su responsabilidad por el delito cometido ni han manifestado el propósito de no reincidir. «No se trata de que renuncien a su ideario político. Es que ni siquiera han reconocido que hubiese delito alguno en su actuación», dicen. Ahora la sala deberá pronunciarse también antes de que el Gobierno tome una decisión sobre los indultos.