Torrent disuelve el Parlamento catalán y Aragonés convoca elecciones para el 14F

M. L. Paz REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Pere Aragonès, firmando el decreto de convocatoria de elecciones
Pere Aragonès, firmando el decreto de convocatoria de elecciones Europa Press

El 15 de enero se confirmará o no la cita en función de la situación del covid-19

22 dic 2020 . Actualizado a las 08:47 h.

El Parlamento catalán agotó ayer el plazo de dos meses para poder investir a un presidente de la Generalitat después de que Quim Torra fuese inhabilitado y no hubiese un candidato para sustituirlo, tal y como había pedido JxCat que ocurriese. De esta manera, la Cámara ha quedado disuelta automáticamente a las cero horas de hoy, según ha anunciado su presidente, Roger Torrent, quien firmó ayer una resolución en la que constata que no hay ningún aspirante para sustituir al mandatario inhabilitado después de dos meses de plazo, y la envió al presidente en funciones, Pere Aragonès, para comunicárselo. Poco después, este firmó el decreto de convocatoria electoral que hoy será publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc).

Roger Torrent informó el 21 de octubre de que no había ningún candidato para la investidura para reemplazar a Torra, con lo que comenzó a correr el plazo de dos meses que establece la Ley de Presidencia antes de disolverse la Cámara. Dado que Cataluña carece de normativa electoral propia, se rige por la estatal Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg). Según esta, los comicios deberán celebrarse 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria, por lo que las elecciones quedarán en ese caso fijadas para el 14 de febrero.

De todos modos, y dada la complicada situación por la pandemia, no será hasta un mes antes, en concreto el 15 de enero, cuando los partidos confirmen la fecha de puesta de las urnas. Dos días antes, las formaciones políticas celebrarán la tercera mesa para analizar el contexto epidemiológico, según acordaron ayer. 

Vacunas a miembros de mesas

Otro de los asuntos a los que llegaron a un acuerdo es que el Gobierno catalán plantee la posibilidad de vacunar a las personas seleccionadas para integrar las mesas electorales, aunque no formen parte de un colectivo de riesgo. Y también se han pactado los horarios aconsejables para que diferentes colectivos acudan a votar: de 09.00 a 12.00 horas los grupos de riesgo; de 12.00 a 19.00 la ciudadanía general, y de 19.00 a 20.00 los contagiados, sospechosos o contactos estrechos.

Mientras no haya un nuevo Parlamento, será la Diputación Permanente, formada por 23 diputados, la que pueda fiscalizar la acción del Ejecutivo. Según Torrent, previsiblemente a partir del 11 de enero habrá alguna reunión para poder convalidar decretos que apruebe el Gobierno. Preguntado por la legislatura que acaba de terminar, el presidente del Parlamento ha destacado que ha servido para «recuperar» las instituciones catalanas tras la aplicación del artículo 155.

Competencia investiga a la ANC por animar a comprar en empresas independentistas 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido iniciar un expediente sancionador contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por «posibles prácticas desleales» relacionadas con la campaña Consumo Estratégico, que impulsó en el 2017 para animar a los catalanes a comprar a empresas independentistas.

Según la CNMC, estas posibles prácticas desleales distorsionan «gravemente» la competencia en el mercado y podrían ser contrarias al artículo 3 de la ley 15/2007, porque en la campaña se incitaba a los consumidores y a las empresas a que se abstuvieran de comprar productos y servicios de otras compañías que la ANC consideraba que no apoyaban la causa independentista.

Según la CNMC, las razones de esta campaña se fundamentarían en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos y podrían «distorsionar» de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado.

La Comisión investiga el caso tras la denuncia presentada por Foment del Treball y después de que el Tribunal Constitucional determinase que la CNMV era el organismo competente para resolverla.