Estalla la tensión en el Gobierno ante el intento de Iglesias de apropiarse de la agenda social

Las discrepancias en el Gobierno entre el sector socialista y el de Unidas Podemos vienen de lejos. Pero, hasta ahora, esa bronca no se había reflejado en una imagen. Ayer, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la hicieron patente en una acalorada discusión en los pasillos del Congreso. «No seas cabezón», le dijo la portavoz a su compañero de gabinete. A dos semanas de que se aprueben los Presupuestos, y a dos meses de las elecciones catalanas del 14F, Iglesias aviva el choque para arrogarse toda la agenda social del Gobierno y la defensa de la república.

 Salario Mínimo

Iglesias presiona contra Calviño. Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presionan a Pedro Sánchez para que desautorice a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se opone a la subida del salario mínimo que defiende Unidas Podemos con el argumento de que destruiría empleo. Ayer, Díaz volvió a la carga. Aseguró que congelar el SMI sería «incoherente» y «contradictorio» cuando, a su juicio, más falta hace subirlo. La contestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recordó que el compromiso de elevarlo hasta el 60% del salario medio es «de legislatura», no anual, y defendió la «mirada de izquierdas» de Calviño frente a los ataques de Podemos y EH Bildu.

 Cómputo de las pensiones

Escrivá solivianta a Podemos Tras el espejismo de un consenso en el Pacto de Toledo, incluso con la oposición, la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de elevar de 25 a 35 años el período de cómputo para la pensión ha desatado la tormenta. Podemos, aliada en este caso con los sindicatos, lo rechaza de plano y considera que se trataría de una bajada encubierta de las pensiones que iría en contra del pacto de Gobierno.

  Pobreza energética

Ribera, también cuestionada. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha entrado también en la órbita de las críticas de Iglesias, que la acusa de oponerse a la prohibición de cortes de agua, gas y luz a los más vulnerables y presiona a Sánchez para puentearla con el argumento de que se niega al diálogo. La ministra acusa a Podemos de no participar en las reuniones con las asociaciones para hablar de la pobreza energética pese a que se le invitó. Ayer, Ribera trató de contemporizar. Tras decir que le sorprendió «alguna declaración un poco extraña» desde Unidas Podemos, restó importancia al desencuentro. «Seguro que nos podemos de acuerdo», afirmó, aunque añadió que la solución al problema no depende solo del Gobierno, ya que son los ayuntamientos, por ejemplo, los que gestionan el suministro de agua.

 Monarquía

Sánchez cuestiona al emérito. Podemos, a la institución. Iglesias ve en las presuntas irregularidades de Juan Carlos I un filón para distanciarse del PSOE defendiendo abiertamente el fin de la monarquía, consciente de que Sánchez está obligado a respaldar al actual jefe del Estado. El sector socialista del Gobierno eleva el tono contra el comportamiento del emérito, pero insiste en diferenciar la persona de la institución. Podemos, sin embargo, cuestiona también a Felipe VI, tacha de «corrupta» a la monarquía, pide una comisión de investigación en el Congreso y fuerza la máquina con un vídeo que equipara a la Familia Real con una banda de narcos.

 Precios del Alquiler

Solución salomónica Iglesias ya planteó un pulso a Sánchez en la cuestión de la intervención de los precios del alquiler, amenazando incluso hasta el último momento con no apoyar los Presupuestos. De nuevo, fue una batalla entre Iglesias y Calviño que Sánchez solventó salomónicamente sacando la cuestión de los Presupuestos con el compromiso de regulación en el marco de una nueva Ley de Vivienda.

 Desahucios

El desafío de la enmienda con ERC y EH Bildu Iglesias desafió también a Sánchez presentando una enmienda conjunta a los Presupuestos con ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios mientras dure la pandemia, sin consultarlo previamente con el Gobierno ni con el PSOE. Una decisión que provocó un fuerte malestar en el sector socialista, que se solventó de nuevo con el compromiso de aprobar un decreto que amplíe la prohibición y con la retirada de la enmienda.

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