Sánchez rechaza la presión de Iglesias y busca un pacto con el PP en el CGPJ

La petición de Podemos de negociar con ERC y Bildu refuerza la exigencia de los populares de excluir al partido morado

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, junto con el líder del PP, Pablo Casado, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el reciente aniversario de la Constitución
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, junto con el líder del PP, Pablo Casado, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el reciente aniversario de la Constitución EFE

Madrid / La Voz

Los problemas se acumulan en la mesa del Consejo de Ministros y el ala socialista del Ejecutivo empieza a perder la paciencia en lo que afecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cerrar un acuerdo con el PP que permita trasladar al órgano de gobierno de los jueces la nueva mayoría parlamentaria progresista forjada tras las pasadas elecciones es una prioridad para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, después de semanas sin el más mínimo contacto con el líder de la oposición, Pablo Casado, anunció su intención de llamar personalmente al presidente del PP para tratar superar la actual situación de bloqueo. Pero en ese intento de acercar posiciones se cruza la posición del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que, lejos de mantener un perfil bajo para facilitar el consenso, pone cada vez más dificultades y apuesta por abordar la renovación excluyendo al PP.

 El órdago con ERC y Bildu

En el sector socialista del Gobierno ha sentado muy mal que el líder morado no solo reclamara su derecho a participar en esa negociación, algo a lo que se opone férreamente el PP, sino que redoblara el desafío y defendiera que también ERC y EH Bildu tengan una cuota en el CGPJ, a pesar de que el propio partido de Arnaldo Otegi anunciara que no tiene «ningún interés» en participar en esa negociación. La posibilidad planteada por Iglesias dinamita cualquier posibilidad de pacto con el PP y da argumentos a los populares para seguir bloqueando una renovación que Sánchez considera imprescindible para la estabilidad de la legislatura, una vez alcanzado el otro objetivo principal, que era la aprobación de los Presupuestos.

El PSOE está dispuesto a ceder al PP diez puestos en el consejo a cambio de garantizarse otros diez, siempre con la condición de designar a un presidente del CGPJ que pudiera ser aceptado por los populares. Y, en esa negociación, estaría abierto a incluir en la cuota gubernamental nombres sugeridos por Unidas Podemos. Algo que le permitiría renunciar a utilizar la vía de la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para asegurarse el control del órgano con la mayoría absoluta del Congreso, y no con los tres quintos que se requieren ahora. Una fórmula que suscita grandes recelos en la Unión Europea pero que, a pesar de todo, Sánchez mantiene en la recámara para presionar al PP.

 El PP redobla su veto a Podemos

Unidas Podemos no quiere entrar por la puerta de atrás en el CGPJ y apuesta por visibilizar su poder participando activamente en la negociación y estableciendo su cuota. Una posición que conduce al bloqueo, por que el PP se mantiene firme en su estrategia de rechazar cualquier acuerdo en el que participen los de Pablo Iglesias, y más a dos meses de las elecciones en Cataluña. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, culpó ayer al PSOE del bloqueo e insistió en la exigencia de sacar de la ecuación al «caballo de Troya» que, a su juicio, representa Unidas Podemos.

Mientas se mantenga ese bloqueo, el PSOE y Unidas Podemos esperan aprobar al menos este martes en el Congreso la toma en consideración de la reforma que han impulsado para limitar las competencias del órgano de los jueces cuando su mandato esté caducado, como ocurre ahora, a pesar de que hay 29 nombramientos pendientes, entre ellos varias presidencias de tribunales superiores autonómicos. Un propuesta que choca con la intención del órgano presidido por Carlos Lesmes de proceder este mismo jueves a la aprobación de la convocatoria de plazas vacantes en el Tribunal Supremo por jubilación de varios magistrados.

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