La Fiscalía, pendiente de Hacienda para decidir sobre el emérito

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Juan Carlos I, en Emiratos Árabes en abril del 2012

El ministerio público espera la comunicación de la Agencia Tributaria sobre la regulación voluntaria de los 678.393 euros realizada por Juan Carlos I

10 dic 2020 . Actualizado a las 13:18 h.

La regularización voluntaria de 678.393,72 euros por parte del rey emérito sitúa ahora el foco en la Fiscalía, que está a la espera de recibir noticias de Hacienda para después decidir si cierra una de las tres líneas de investigación que mantiene abiertas a Juan Carlos I. Fuentes fiscales han informado a Efe de que el ministerio público está pendiente de recibir la notificación de la Agencia Tributaria que determine si la deuda del rey emérito estaría saldada. De ser así y no detectar ninguna infracción administrativa, previsiblemente tampoco habría una penal, de modo que el caso estaría abocado al archivo, explican las fuentes.

Pero antes de tomar ninguna decisión, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo al frente de la investigación debe tener encima de su mesa los documentos de Hacienda. Tras estudiarlos en profundidad, se actuará en consecuencia, precisan las fuentes.

En un escueto comunicado, la defensa del rey emérito anunciaba ayer por la tarde la presentación de una declaración voluntaria para saldar una deuda con Hacienda de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. Se adelantaba de esta forma a un eventual requerimiento de la Agencia Tributaria o a la presentación de una querella por la Fiscalía, que hasta el momento se encontraba investigando el alcance penal de la situación. Es decir, evitaba la presentación de acciones por presunto fraude fiscal.

El artículo 305.4 del Código Penal castiga el fraude a Hacienda cuando el importe exceda de 120.000 euros con una pena de prisión de uno a cinco años, pero establece una excepción: «salvo que hubiere regularizado su situación tributaria».

Esta se entenderá regularizada cuando se haya procedido al «completo reconocimiento y pago de la deuda» antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones, de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el representante de la Administración «interponga querella o denuncia» o de que el ministerio fiscal o el juez «realicen actuaciones» que le permitan conocer la iniciación de diligencias.

A falta de saber qué ficha mueve el ministerio público, el rey emérito tiene abiertas otras dos investigaciones en la Fiscalía: una sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí), y otra muy reciente incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, que se perfila como número dos de la fiscal general, Dolores Delgado, es el encargado de dirigir las tres líneas de investigación junto con su equipo y, en el caso de dos de ellas, también con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. En las próximas semanas la Fiscalía prevé presentar su informe en relación a la primera investigación, la de la supuesta cuenta en Suiza, donde debe determinar si el monarca estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución o si los hechos trascendieron más allá del 2014, cuando el monarca perdió esa garantía con su abdicación.

Juan Carlos I salió de España en agosto y reside en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi. Varias informaciones apuntan a que tendría previsto regresar por Navidad.

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El rey Juan Carlos abona a Hacienda 678.000 euros por una deuda tributaria

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El rey emérito anunció este miércoles a través de su abogado que ha procedido a presentar ante la Agencia Tributaria una declaración «sin consentimiento previo» de la que ha resuelto una deuda tributaria por importe de 678.393,72 euros, «incluyendo intereses y recargos».

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Esta cuantía se refiere al uso de tarjetas opacas por parte de miembros de su familia durante al menos tres ejercicios: 2017, 2018 y 2019. Unas pesquisas que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo junto a dos diligencias más: la transferencia de 65 millones de euros que hizo a su examante Corinna Larsen en el 2012, «como muestra de gratitud», antes de su abdicación en el 2014 y los diez millones de euros aparecidos en una cuenta en el paraíso fiscal británico de Jersey presuntamente vinculados al exjefe del Estado, aunque su defensa lo niega.

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