El Gobierno asegura que Juan Carlos I no recibirá un trato especial de Hacienda

El rey emérito trataría de regularizar más de medio millón de euros procedentes de fondos opacos para evitar una denuncia por delito fiscal

Juan Carlos I, en una imagen de marzo del 2018
Juan Carlos I, en una imagen de marzo del 2018

Madrid / Colpisa

El Gobierno intenta no tener que opinar sobre la investigación judicial en la que está inmerso el rey emérito, pero este lunes quiso dejar claro que Juan Carlos de Borbón es un ciudadano más y, aunque defienden que se le debe aplicar el principio de igualdad, no recibirá ningún trato especial. «La ley es igual para todos y ha de cumplirse igual, en sentido positivo y negativo», remarcó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos. «En un Estado democrático de derecho, el principio de legalidad rige sobre todos los españoles», añadió la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

La voluntad del padre de Felipe VI de regularizar su situación fiscal respecto a los fondos que percibió tras la abdicación a través del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause ha vuelto a poner el foco sobre sus presuntos negocios opacos. Unidas Podemos considera que al dar este paso don Juan Carlos estaría «confesando» que habría defraudado a la Hacienda. «Todos estamos obligados al cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de fiscalidad», reconoció Darias durante una visita a Albacete.

Según el diario El País, el anterior jefe del Estado quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre el 2016 y el 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad tras haber abdicado en el 2014. De acuerdo con esa información, los abogados del rey emérito se habrían reunido ya con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización para esquivar una denuncia por delito fiscal. Esta posibilidad, a la que pretende acogerse Juan Carlos de Borbón, está recogida en el artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria «impedirá» perseguir las irregularidades en las que podría haber incurrido previamente. Para que esta opción sea efectiva, debe hacerse antes de recibir la notificación de inicio de actuaciones inspectoras por Hacienda. Ese aviso aún no se ha producido ni se ha abierto la investigación.

Pesquisas de la Fiscalía

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero evitaron hacer comentarios a este periódico sobre la declaración de Juan Carlos I. «No podemos hablar de casos concretos», argumentaron, derivando el caso a la Fiscalía del Supremo. «Se trata -insistieron en Hacienda- de una investigación que lleva la Fiscalía y todo lo que se haga en la investigación depende de ella».

El Ministerio Público cuenta con indicios de que el millonario Sanginés-Krause sufragó durante años numerosos gastos de don Juan Carlos y de otros miembros de la familia del emérito, entre los que no estarían los reyes Felipe y Letizia. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos, que se habrían gestionado a través del ayudante de Juan Carlos I, el coronel Nicolás Murga, fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de sus familiares. Entre las facturas que fueron financiadas por el mexicano, hay desde viajes y estancias en hoteles hasta cuentas en restaurantes.

Sin diferencias

El ministro de Transportes, en una entrevista en TVE, reconoció que el Ejecutivo no tiene constancia de si la petición del equipo legal del rey emérito se ha presentado ya ante la Agencia Tributaria. En cualquier caso, Abalos señaló que más allá de ser una buena o mala noticia, «lo mejor es que no hubiera ocurrido». El también secretario de organización del PSOE apuntó que será ahora la Agencia Tributaria «la que establecerá procedimientos de investigación y determinará lo que tenga que determinar», aunque advirtió de que «lo importante es que no haya diferencia, se trate de la persona que se trate».

En estos momentos son tres las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I, que van desde el cobro de 65 millones en Suiza procedentes de Arabia Saudí por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca, a las tarjetas de crédito en las que ingresaba dinero su amigo mexicano y su supuesta nueva fortuna en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

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