El Supremo revoca la semilibertad que concedió la Generalitat a los nueve presos del 1-O

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Oriol Junqueras, condenado a prisión por el Procés, cuando consiguió el tercer grado ahora revocado por el Supremo
Oriol Junqueras, condenado a prisión por el Procés, cuando consiguió el tercer grado ahora revocado por el Supremo David Zorrakino | Europa Press

Argumenta que el tercer grado es prematuro y no han cumplido ni la mitad de la condena

04 dic 2020 . Actualizado a las 22:18 h.

 Los nueve presos del procés tendrán que esperar encarcelados sin poder salir de prisión en régimen de semilibertad a trabajar o a hacer labores de voluntariado y a dormir en casa durante los fines de semana. El Tribunal Supremo les revocó este viernes el tercer grado, al considerar que esta medida es «prematura». Todos ellos fueron condenados hace poco más de doce meses a penas de nueve a trece años de prisión por delitos de sedición y malversación, en algunos casos. Entre la prisión provisional y el cumplimiento de pena, llevan en torno a tres años entre rejas, insuficiente para el Supremo para que se les conceda el tercer grado. Aunque el alto tribunal no fija el mínimo necesario. La decisión afecta de modo especial a Carme Forcadell y Dolors Bassa, pues son las únicas que estaban disfrutando de esta clasificación penitenciaria, ya que a los siete reos varones se les suspendió el tercer grado en agosto a la espera de la decisión del Supremo.

El independentismo cargó con todo contra la decisión judicial y habló de «sed de venganza», de «castigo» y de «vergüenza» por parte de la Justicia. Aunque la resolución también sirvió de combustible para la pugna entre ERC y JxCat. Estos reprocharon a sus socios su apoyo al Gobierno en los Presupuestos. La resolución presiona sobre todo al Gobierno central, pues las únicas vías de salida que les quedan a los presos es la de los indultos o la reforma del delito de sedición.

El Tribunal Supremo argumenta, en los nueve autos, que es preciso que transcurra un período de tiempo mayor que el que llevan en la cárcel para evaluar adecuadamente su evolución y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, recuerda, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. El alto tribunal, por tanto, da la razón a la Fiscalía, que se opuso al tercer grado, porque generaba una «sensación de impunidad».

El auto del Supremo, dictado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, supone un golpe muy duro para los independentistas, pues les revoca también la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que suponía un régimen de semilibertad dentro del segundo grado.

Los magistrados consideran que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Forn) es una medida «excepcional» y exige «una justificación reforzada». La ausencia de arrepentimiento respecto a los delitos ha sido un escollo insalvable. El Supremo insiste en una idea que ya apuntó en la sentencia del 1-O: «Ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña». «Dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables», recuerda.

La consejera de Justicia catalana: «El Supremo se aleja de la justicia e insiste en la venganza»

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha manifestado en la mañana de este viernes que el Tribunal Supremo «se aleja de la justicia e insiste en la venganza» tras acordar la revocación del tercer grado a los presos independentistas. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Capella ha insistido en que los Tribunales especialistas en temas de vigilancia penitenciaria «han avalado lo que han dicho las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes, es decir, al 100.2 y a los terceros grados». Ha manifestado: «El Supremo, que es el tribunal más politizado de Europa, ha hecho lo que ya nos tiene acostumbrados de cuando hablamos del 'procés' catalán, hacer prevalecer las razones de Estado por encima de las razones de derecho», y ha criticado que el TS ha vuelto a aquellos principios que inspiraban a los tribunales de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, según ella.

Romeva cree que el Estado se convierte en «una gran cárcel» 

El exconseller Raül Romeva ha criticado este viernes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revocar el tercer grado penitenciario a los condenados por el 1-O: «Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel». En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Romeva ha dicho que «se confirma el más previsible de los escenarios» de que el Supremo revoque el tercer grado al considerar que se trata de una medida prematura. «El Supremo ha vuelto a dictar sentencia. Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos», ha zanjado.

Aragonès: «Es un insulto a todos los demócratas»

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo «es un insulto a todos los demócratas». «Son castigados por una justicia carcomida, vieja y caduca por el simple hecho de defender sus ideas. La amnistía para todos los represaliados es urgente», ha dicho en un tuit este viernes.

Sànchez y Turull ven «venganza del Estado»

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller Jordi Turull han asegurado este viernes que ven «venganza del Estado». «El escarmiento, la venganza de Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no deja ningún margen para las sorpresas», ha manifestado Turull en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha añadido los hashtags 'Persistamos' y 'No surrender'. Tampoco le supone una sorpresa la decisión del Supremo a Sànchez, que cree que la tenacidad del Estado y del TS para intentar «hundir» a los presos del 1-O es constante y previsible.

Torrent habla de «injusticia, venganza y arbitrariedad»

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que ve «injusticia, venganza y arbitrariedad» en la decisión del Tribunal Supremo. «Nacionalismo judicial que pasa por encima de todos los derechos fundamentales. Todo el apoyo, compañeras y compañeros», ha dicho en un apunte también en Twitter.

Cuixart insiste en pedir «amnistía y autodeterminación»

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha insistido este viernes en pedir «amnistía y autodeterminación» tras la decisión del Tribunal Supremo. «No lo olvidemos: los presos y los exiliados no somos la visualización de ninguna derrota. Hoy más que nunca, amnistía y autodeterminación. Serenidad, coraje y ni un paso atrás. ¡Viva Cataluña libre!», ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter  con el hashtag 'Lo volveremos a hacer'.

Junqueras acusa al Tribunal Supremo de dictar «venganza de nuevo»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este viernes al Tribunal Supremo de dictar «venganza de nuevo». «El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo. ¡Un abrazo enorme, Carme (Forcadell) y Dolors (Bassa)!», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, dado que con la decisión del Supremo ambas perderán este grado de semilibertad.

Puigdemont dice que la revocación del tercer grado es por «venganza y escarmiento»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo es por «venganza y escarmiento». «Nada nuevo en esta hoja de ruta del unionismo. Mucha fuerza y muchos ánimos a todos, especialmente a la presidenta Carme Forcadell y a la consellera Dolors Bassa», ha dicho en un apunte en Twitter.

Amnistía Internacional cree que el Supremo «perpetúa la injusticia» de los «Jordis»

La organización Amnistía Internacional considera que la resolución desfavorable del Tribunal Supremo sobre la concesión del tercer grado a los presos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart «perpetúa una situación de injusticia contra ambos». En un comunicado, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha señalado que la organización «lamenta la negativa del Tribunal Supremo a la concesión del tercer grado para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con la que se perpetúa una situación de injusticia contra ambos ya que deben ser puestos en libertad inmediatamente».

Forcadell afea conocer la revocación por la prensa

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha afeado que se ha enterado de la decisión del Tribunal Supremo por los medios de comunicación: «Como siempre nos hemos enterado de que tenemos que entrar a la cárcel por los medios de comunicación». Lo ha dicho en un apunte en Twitter en el que ha añadido: «Es vergonzosa la falta de respeto hacia nosotros y nuestras familias».

Podemos tilda de «venganza» la decisión del Supremo

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que la decisión del Supremo de revocar el tercer grado penitenciario a los condenados del «procés» es un acto de «venganza de un tribunal que no es competente para resolver» este asunto. «Esto no es un acto de justicia, sino de venganza de un tribunal que no es competente para resolver el tercer grado de los presos.Hay que sacar el conflicto del terreno del castigo y llevarlo a la política», ha manifestado en Twitter el dirigente de En Comú Podem.

Cs celebra que el Supremo no permita «privilegios» para los presos del «procés»

Ciudadanos ha celebrado que el Supremo haya acordado revocar el tercer grado penitenciario concedido a los nueve condenados por sedición y anular también la aplicación de las medidas de semilibertad, señalando que los presos del 'procés' «no pueden tener privilegios». «En Ciudadanos siempre hemos defendido que los políticos presos no pueden tener privilegios respecto al resto de reclusos en el cumplimiento de su pena. Los demócratas debemos respetar las decisiones judiciales, no buscar atajos políticos para sortearlas», ha escrito en un mensaje en Twitter el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.

Errejón: «Otro paso atrás para cualquier solución política»

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que la revocación supone «otro paso atrás para cualquier solución política» en Cataluña. «En democracia las ideas no delinquen, tampoco se puede exigir renegar de ellas para el disfrute de los derechos. Esto es otro paso atrás para cualquier solución política», ha manifestado en Twitter el diputado en el Congreso.

Casado pide respeto a los tribunales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado este viernes el respeto de su partido «a las decisiones judiciales», tras conocerse la revocación del tercer grado a los presos del 1-O, y ha pedido al Gobierno y al resto de formaciones políticas que hagan «lo mismo». Casado ha reclamado que no se intenten «sortear las decisiones de un tribunal -en referencia al Supremo- que es garante, no solo de la ley, sino de la propia democracia».

«En España, debe seguir habiendo independencia judicial y, por tanto, separación de poderes y, en este caso, pensamos que todos los españoles somos iguales ante la ley», ha indicado. De la decisión del Tribunal Supremo, Casado ha destacado que fue el que firmó la sentencia del «procés» y que ha dejado «muy claro cuál es la posición respecto a las medidas que se habían adoptado por la Generalitat o por los tribunales de vigilancia penitenciaria».

Carmen Calvo pide a Iglesias que deje de presionar con los indultos

Al Gobierno no le gusta que desde Unidas Podemos presionen para acelerar los indultos para los presos del procés y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reclamó ayer al líder de ese partido y vicepresidente segundo que deje de urgir al Consejo de Ministros con la medida de gracia. «El Gobierno —avisó— no funciona así».

Dos relevantes dirigentes de la formación morada, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, y el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, han reclamado este semana al Gobierno que acelere los trámites de los indultos y los conceda antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Unas prisas que causaron malestar en la Moncloa, donde van con pies de plomo en este asunto por el coste político que puede acarrear. Una resolución favorable desataría un incendio en la oposición, y una negativa podría volar los frágiles puentes con los soberanistas.

Calvo reprochó a Unidas Podemos que levante la voz para reclamar unos indultos exprés en una estrategia de «precampaña» electoral impropia de un partido que se sienta en el Consejo de Ministros que debe decidir sobre la medida de gracia. El momento de resolver sobre la medida, afirmó la número dos del Ejecutivo en RNE, «llegará cuando llegue y cuando toque». El Gobierno, prosiguió, no se fija para tomar una decisión de ese tipo «con qué coincide o deja de coincidir».

El Ministerio de Justicia inició el pasado octubre los trámites y ha pedido informes a la Fiscalía y al Supremo como tribunal sentenciador. Los trámites, según fuentes de Justicia, duran entre cuatro y cinco meses, lo que sitúa en la próxima primavera el momento de tomar la decisión.

Para el líder de la oposición, la decisión del Supremo de anular el tercer grado a los presos del procés ha sido una mala noticia para Pedro Sánchez y buscará la forma de aliviar la situación penal de los condenados a corto plazo, ya sea con indultos o con una reforma del delito de sedición en el Código Penal. Pablo Casado instó a Sánchez a no caer en la tentación de «sortear las decisiones de un tribunal que es garante, no solo de la ley, sino de la propia democracia».