El Supremo impone una fianza de 12.000 euros a IU y PCE antes de decidir si reabre la querella contra el rey emérito

La querella presentada en el 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra Juan Carlos I y otras siete personas, entre ellas Larssen, Villarejo, Félix Sanz Roldán y Juan Villalonga

El rey emérito, Juan Carlos de Borbón
El rey emérito, Juan Carlos de Borbón

Redacción

El Tribunal Supremo ha acordado imponer una fianza de 12.000 euros a Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, para ejercer la acusación popular en la querella que presentaron en diciembre del 2018 contra el Rey Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación de la AVE a la Meca y cuya reapertura solicitaron este verano.

La Sala de lo Penal del Supremo ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda solicitar esta cantidad, que debe depositarse en metálico antes de 8 días desde su notificación, como trámite previo a decidir si reabre la querella contra el emérito.

«Una cuestión previa que se debe resolver antes de entrar en una decisión de fondo es la relativa a la naturaleza jurídica de la acción ejercitada por el querellante, la legitimación procesal que viene referida al 'poder de conducción procesal', que habilita a las acusaciones para personarse y a intervenir plenamente en el proceso penal y en calidad de parte, lo que nos lleva a considerarle acusación popular», explica el auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena.

La Sala ya notificó a mediados de septiembre a los querellantes que daba por 'recibido' el escrito que remitieron a finales de julio solicitando la reapertura de la causa, que hace un año fue inadmitida de plano. IU y el resto de querellantes consideran que «a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos» se dan motivos suficientes para abrir causa contra el emérito.

Así, hacían referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Larssen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en el 2011.

La querella presentada en el 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra don Juan Carlos y otras siete personas, entre ellos Larssen, Villarejo; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.

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