Las cesiones a sus socios, la clave del Gobierno para aprobar los Presupuestos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen atados los apoyos que permitirán al Gobierno aprobar los Presupuestos. PSOE y Podemos votarán de la mano con el PNV, ERC y EH Bildu, tres formaciones que les brindarán los votos suficientes para superar el test definitivo en el Congreso, previsto para el 29 de diciembre. ¿Y qué les ofrece el Ejecutivo a cambio?

A diferencia de las negociaciones de la investidura, en las que el PSOE publicó los documentos en los que se recogían las contraprestaciones a las que se comprometía el Gobierno, en esta ocasión los peajes se han ido conociendo a cuentagotas a través de los portavoces de las fuerzas secesionistas, evidenciando así su influencia en la Moncloa. Además, desde la oposición denuncian que hay otros puntos que, pese a estar pactados por debajo de la mesa, resultan evidentes, como el acercamiento de etarras a cárceles próximas al País Vasco, la cuestión idiomática en la educación o la reforma del delito de sedición, asuntos todos que el Gobierno trata de desvincular de sus negociaciones con los nacionalistas y los independentistas. 

PNV

Caballo ganador. Si el fútbol es un juego de once contra once en el que siempre gana Alemania, los Presupuestos podrían definirse como una ley en la que siempre gana el PNV. Sus seis parlamentarios volverán a ser decisivos, y, como ya es habitual, han logrado importantes conquistas. Tanto en las negociaciones preliminares como en las enmiendas. El País Vasco partía con una posición favorable, al recoger el apartado inicial de inversiones de los PGE un incremento del 8,3 % respecto al último ejercicio. En total, 570,6 millones. Pero los peneuvistas también supieron aprovechar el descuento, logrando que se aprobaran algunas de las 85 enmiendas, como la que suprime el impuesto al diésel, la inclusión de una partida de seis millones para el soterramiento del FEVE en Zorroza (Bilbao), otros 2,6 millones para sufragar la investigación en la Universidad del País Vasco, 50 millones para el Plan Renove en la industria de la máquina herramienta, y la creación de un tipo de contrato nuevo para la formación dual universitaria. Y en el último suspiro, la enajenación del cuartel de Loyola (San Sebastián), que pasará a manos del ayuntamiento. 

EH BILDU

Presos etarras. La coalición aberzale en la que se integra Sortu, heredero de Batasuna, apoyará por primera vez en su historia unos PGE. Otegi reconocía ante la militancia «tímidos» avances por parte del Gobierno en reclamaciones históricas independentistas, como con la situación de los presos etarras, interpretando que la coalición que forman Sánchez e Iglesias es una ventana de oportunidad en su camino hacia la conquista de la «República Vasca». Vía enmiendas presumió de arrancar al Gobierno diez millones para la aeronáutica vasca, otros 48 para infraestructuras ferroviarias y tres millones para un plan de reactivación económica en el pirineo navarro. 

Aunque no se recoge en los Presupuestos, pero está previsto que se apruebe en los próximos días en el Consejo de Ministros, Bildu planteó una enmienda junto a Unidas Podemos y ERC exigiendo al mismo Gobierno del que forma parte Unidas Podemos la paralización de los desahucios de las personas sin alternativa habitacional, al menos durante la pandemia.

ERC

2.300 millones. Las inversiones para Cataluña se dispararon por encima del 50 %. En total 2.300 millones, una cifra que el propio presidente de la Generalitat definió como «excepcional». Además, el Gobierno se compromete a crear una comisión para vigilar que se acaba invirtiendo todo lo presupuestado. Por otra parte, ERC también logró el fin del control financiero del Ejecutivo a las cuentas de la Generalitat; en palabras de Rufián, el fin «del 155 financiero». Una de las cesiones más polémicas es la armonización fiscal entre autonomías, lo que podría implicar una subida de los impuestos en Madrid. ERC también logra la ampliación de la moratoria al pago de cotizaciones de autónomos hasta marzo del 2021. Además, el Gobierno catalán participará en el reparto de los fondos europeos por el covid-19 y gestionará el ingreso mínimo vital.

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