El pacto de ERC y PSOE amenaza las ventajas fiscales en Galicia

Esquerra busca marcar la política fiscal de las comunidades a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Su exigencia de armonizar impuestos cedidos perjudica a varios territorios. Feijoo, crítico con el acuerdo, defiende la «autonomía fiscal de los territorios que cumplen»

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, mira a Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, mira a Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso

Madrid / Colpisa

Promete ser uno de los principales conflictos políticos de los próximos meses. El acuerdo entre ERC y el Gobierno a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 incluye la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas: patrimonio, sucesiones y donaciones, y el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que además de perjudicar a Madrid también lo hará a Galicia.

Y es que los independentistas catalanes pretenden solventar la crisis económica que provocaron en su comunidad con su desafío al Estado, a través de lesionar la gestión financiera de otras autonomías marcando la política fiscal en beneficio propio.

En Galicia la última reforma del impuesto de sucesiones eliminó el pago en herencias entre padres e hijos que no superen el millón de euros. Esta medida entró en vigor en el 2020 y sustituía otra similar -en vigor desde el 2016- que fijaba ese límite exento de tributación en 400.000 euros. En la práctica supone que la mayoría de los gallegos no tienen que pagar nada cuando heredan de sus progenitores. 

El Impuesto de Sucesiones lo regula cada comunidad autónoma, por lo que en el conjunto de España hay notables diferencias. En Asturias una herencia directa de 800.000 euros obligaría al receptor a abonar una cantidad superior a 100.000 euros. En Madrid supondría pagar algo más de 1.500 euros. Y en Galicia no se pagaría nada. 

Otra figura fiscal que gestionan y regulan las comunidades y que podría verse afectada por el pacto entre el PSOE y ERC es la cuota autonómica del IRPF. Según lo establecido por las diferentes administraciones, en Galicia un sueldo bruto anual de 20.000 euros obligaría a tributar por unos 2.300 euros. En Madrid esa cifra descendería hasta casi situarse en el umbral de los 2.200. Y en Cataluña superaría los 2.500. 

En el caso del impuesto de patrimonio, también hay notables diferencias. En el tramo más alto se sitúa Aragón, con una cuota de más de 1.100 euros por una fortuna de unos 800.000 euros. En el más bajo están Madrid y las haciendas forales provinciales vascas de Vizcaya y Álava, donde sería cero. En Galicia ascendería a 200 euros. 

En cualquiera de los casos, en los PGE no se puede incluir tal reforma fiscal. Se ha de realizar modificando la ley orgánica de financiación autonómica -que atribuye la soberanía de estos impuestos a las autonomías en cuanto a tipos de gravamen, mínimo exento y bonificaciones-, lo que requiere mayoría absoluta de la Cámara, frente a la aprobación de las cuentas públicas, que apenas requiere mayoría simple, o más síes que noes en el Congreso.

Una de las enmiendas presentadas por ERC planteaba la creación de un tramo estatal en Patrimonio. Pero Pere Aragonés este miércoles apenas avanzó que se creará un grupo de trabajo para abordar la reforma tributaria.

Los observadores interpretan que esta medida busca evitar que Madrid siga bonificando estos impuestos, ejerciendo lo que desde Hacienda, el propio presidente del Gobierno y algunos territorios se califica de «competencia desleal» o de «dumpin fiscal».

En este sentido, Aragonés, tras ratificar el apoyo de su partido a los PGE, abogó explícitamente por poner fin a la «competencia desleal» y los «privilegios» de la Comunidad de Madrid en materia fiscal. «Se han acabado los privilegios», proclamó el líder republicano. «Hay territorios que hacen una competencia desleal desde el punto de vista fiscal, beneficiándose de la localización en la capital del país de la mayor parte del funcionariado del Estado y las grandes empresas del Ibex-35», afirmó.

Feijoo defiende «la autonomía fiscal de los territorios que cumplen»

Ayer, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó asegurando que se convertirá en «la peor pesadilla» de quien pretenda «tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta y la corruptela al independentismo». Su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, criticó que Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se escondan detrás de ERC para subir los impuestos a los madrileños. E insistió en que cree que es «el PSOE el que quiere freír a impuestos a los madrileños».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha reaccionado en la mañana del jueves a esta noticia. Y sostiene que «una comunidad autónoma que no le ha pedido dinero al Gobierno central para llegar a fin de mes y que cumple el déficit público tiene que tener una autonomía fiscal superior a otras que no lo cumplen».

Rufián arranca al Gobierno más dinero para Cataluña del que esta aporta a las arcas del Estado

Sánchez justifica las «tensiones» en el Ejecutivo como parte del aprendizaje de la coalición

Fran Balado

ERC ratificó ayer su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que Sánchez e Iglesias se garantizan la aprobación de unas nuevas cuentas públicas que, previsiblemente, les permitirá mantenerse en el poder los tres años que restan de legislatura. El encargado de anunciarlo fue el presidente interino de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés, quien desgranó los principales puntos del acuerdo mediante el que Cataluña recibirá «más de 2.300 millones de euros» en inversiones y transferencias. La cantidad destinada a Cataluña aumenta por encima del 50 % respecto a los Presupuestos en vigor, en palabras de Aragonés, «una cifra totalmente excepcional», y que contrasta con la desinversión en Galicia, que recibirá un 11,2 % menos de dinero.

La inversión en Cataluña supone un 19,13 % del total de lo presupuestado, lo que supera «ligeramente» el peso del PIB de la región en el conjunto de España.

Junto a estas partidas, el pacto también recoge que la Generalitat será la administración encargada de gestionar los fondos del llamado ingreso mínimo vital, así como otras medidas avanzadas este martes en el Congreso por el portavoz parlamentario de los secesionistas, Gabriel Rufián, entre las que destacó el levantamiento del control del Gobierno sobre las cuentas del Ejecutivo autonómico mediante el que la Moncloa se garantizaba que el dinero público no se destinase a la promoción del soberanismo. 

Competencia desleal de Madrid

Rufián también destacó la creación de un grupo de trabajo para poner fin a la competencia desleal en materia fiscal que, consideró, practica la Comunidad de Madrid. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó ayer asegurando que se convertirá en «la peor pesadilla» de quien pretenda «tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta y la corruptela al independentismo».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue cuestionado ayer por este asunto, en el que se pronunció a favor de caminar hacia una «armonización fiscal» en el conjunto del Estado, algo que trató de apartar de la habitual disputa entre partidos: «Si hablan con dirigentes del PP, les dirán que hay que resolver el problema», defendió.

En la rueda de prensa que ofreció en Mallorca junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, Sánchez también fue interpelado sobre las tensiones en el Gobierno de coalición. Admitió de forma tácita los roces, para lo que recurrió a Cervantes: «El Quijote decía que la experiencia es la madre de la ciencia; también de la ciencia del Gobierno de coalición; hay que trabajar con humildad», afirmó ante la atenta mirada de Iglesias en la primera fila.

El jefe del Ejecutivo se desayunó ayer con una entrevista de su vicepresidente segundo al diario italiano La Stampa en la que admite «diferencias y tensiones internas» en el Gobierno, algo «normal» debido a que los partidos que conforman la coalición «tienen ideas e intereses diversos». Por su parte, el ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, también reconoció ayer a su paso por la Cadena Ser que hay «tensiones» en el Ejecutivo, pero no son severas, dijo, y reafirmó la existencia de «un solo Gobierno».

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
13 votos
Comentarios

El pacto de ERC y PSOE amenaza las ventajas fiscales en Galicia