El Gobierno catalán estudia aprobar una ley electoral exprés para regular los comicios del 14 de febrero

El actual sistema beneficia a los partidos separatistas, los más votados en las zonas menos pobladas

El Parlamento catalán, durante una sesión plenaria el pasado octubre
El Parlamento catalán, durante una sesión plenaria el pasado octubre

Redacción / La Voz

No lo han hecho en 40 años, pero ahora la Generalitat ha puesto en marcha su maquinaria para intentar aprobar una ley electoral exprés de cara a los comicios del 14 de febrero de modo que pueda regular horarios y la forma de votación. Así lo dejó entrever este jueves la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, al asegurar que no descartan ampliar el habitual horario de 9.00 a 20.00 horas en los colegios e incluso ampliar las votaciones a un día más, siempre y cuando los partidos lleguen a un acuerdo para ello. Esa ley tendría que ser aprobada en el Parlamento catalán por dos tercios de los diputados (90) y, en principio, parece muy complicado que todos los partidos aprieten el mismo botón.

Las elecciones se rigen en Cataluña por la estatal Ley de Régimen Electoral (Loreg) aprobada en 1985. Aunque parezca extraño, la comunidad es la única que no tiene una norma propia, pese a que es un mandato del Estatuto de Autonomía. La razón de que no la haya aprobado todavía es la existencia de importantes discrepancias en el reparto de escaños. Así, su primera ley autonómica estableció las cuatro provincias catalanas como circunscripciones electorales y el número de escaños correspondientes para cada una: Barcelona se lleva 85 de los 135 diputados: Tarragona, 18; Gerona, 17; y Lérida, 15.

Algunos partidos se quejan de que Tarragona, Lérida y Gerona están sobrerrepresentadas, pues Barcelona acoge a más del 70 % de la población catalana. Es decir, para obtener un escaño en esta provincia se necesitan 48.000 votos, y en Lérida es suficiente con 21.000.

Beneficiados

El sistema beneficia, pues, a los partidos mayoritarios en las zonas menos pobladas, en este caso todos los posconvergentes y ERC, frente a los más apoyados en las áreas metropolitanas: PSC, Comunes y Cs. Por eso, la propuesta lanzada por Budó no parece tener mucho futuro. Los partidos constitucionalistas temen que de algún modo intenten colar en esta «ley electoral parcial» alguna triquiñuela que les sea adversa. Además, teniendo en cuenta que en poco más de 20 días —el 22 de diciembre se convocarán elecciones automáticamente y Roger Torrent firmará el decreto de disolución del Parlamento— la Cámara quedará disuelta, la citada ley tendría que se aprobada en lectura única en un pleno y acordada por unanimidad en la Mesa por razones de urgencia y riesgo sanitario. Similar procedimiento urgente intentaron utilizar los secesionistas para declarar la independencia en el 2017, pero entonces saltaron las alarmas y no lo lograron.

La otra alternativa que analiza la Generalitat para mejorar la seguridad sanitaria pasa por subdividir las secciones electorales y pasarlas de 2.000 personas por mesa a la mitad. Medida esta más viable, dado que se puede hacer por decreto.

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