El Gobierno expresa su apoyo a Felipe VI y dice que Juan Carlos I no tiene responsabilidad pública

La Fiscalía investiga si el rey emérito declaró el dinero gastado

La vicepresidenta Carmen Calvo, en un homenaje a Azaña
La vicepresidenta Carmen Calvo, en un homenaje a Azaña

Madrid / La Voz

El sector socialista del Gobierno trata de evitar que la nueva investigación de la Fiscalía sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito Juan Carlos I se convierta en un nuevo motivo de descalificación a la monarquía por parte de Unidas Podemos que eleve la tensión entre los dos socios del Ejecutivo. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, eludió ayer comentar las informaciones sobre la orden de la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, para que el Tribunal Supremo investigue al padre de Felipe VI, y se limitó a señalar que el rey emérito «no tiene ninguna responsabilidad pública» una vez que renunció a cualquier actividad institucional.

Calvo destacó además que el Gobierno mantiene relaciones «fluidas» y «eficientes» de coordinación con el actual jefe del Estado que, a su juicio, ejerce sus labores constitucionales «perfectamente» en un momento «complicado» como el que vive España. «Todo lo demás no forma parte en este momento de ningún objetivo ni de ningún tratamiento por parte del Gobierno», señaló la número dos del Ejecutivo. «La obligación del Gobierno es trabajar con el actual jefe del Estado, con el rey Felipe», respondió al ser preguntada sobre las informaciones que apuntan a que Juan Carlos I se sirvió de la colaboración del coronel del Ejército Nicolás Murga Mendoza para sufragar gastos privados suyos y de algunos de sus familiares con fondos presuntamente aportados por el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause y ocultados a Hacienda, lo que podría constituir un delito fiscal.

La clave para determinar si el anterior jefe del Estado pudo cometer ese delito, que no estaría amparado por la inviolabilidad al haberse cometido después de su abdicación en el 2014, es saber si las cantidades que presuntamente habrían gastado el rey emérito y parte de su familia con tarjetas de crédito que no estaban a su nombre, a través de un coronel que ejerció como ayudante de campo, procedían de una donación realizada por el empresario Sanginés-Krause debidamente declarada a Hacienda. En caso de que no fuera así, se trataría de un fraude en la declaración del impuesto de donaciones o en el de la declaración de la renta por parte de Juan Carlos I.

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