El estado mayor de Puigdemont quería que hubiera muertos tras la fallida declaración de independencia

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Carles Puigdemont, durante su intervención en un acto en Perpiñán
Carles Puigdemont, durante su intervención en un acto en Perpiñán Nacho Doce | Reuters

Aragonès evita salir en defensa de Vendrell pero afirma que a los detenidos en la trama Volhov no se han adjudicado ningún contrato

05 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Las escuchas de la Guardia Civil a los empresarios del procés, integrantes del estado mayor que impulsó el 1-O y la declaración unilateral de independencia, siguen revelando el grado de irresponsabilidad que exhibieron algunos dirigentes durante el desafío del 2017. Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, llegó a reconocer que la independencia de Cataluña necesitaba que se produjeran cien muertos en los disturbios en las calles de Barcelona.

En una llamada a Xavier Vendrell, empresario, exmiembro de Terra Lliure y exconsejero de Gobernación por ERC, ambos abordaron en el 2018 cómo tenía que haber actuado el Ejecutivo catalán tras la declaración de independencia del 27-O. A su juicio, el Gobierno se tenía que haber atrincherado en el Palau de la Generalitat, protegido por el apoyo de un millón de personas en la calle. «Te defenderán como si fueras una urna», le dice. «Y tendrán que matar para entrar a Sant Jaume», añade. «Pero necesitas 100 muertos», señala. A su entender, Carles Puigdemont «se cagó» y por eso eludió ese escenario de máxima violencia en la calle, en línea con la vía eslovena que defendió posteriormente Torra. Según Terradellas, el expresidente dijo: «No quiero ser responsable de que nos maten gente». Y ante esa posición, Vendrell reflexiona: «Se nos pasó el arroz, no hubo huevos». Con todo, el exconvergente, muy próximo a Puigdemont, y que ofreció a políticos rusos el apoyo de Cataluña a la anexión rusa de Crimea a cambio del reconocimiento del Kremlin de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017, según publicó El Periódico, da por hecho que habrá una nueva «oportunidad». En la misma grabación, Terradellas le dice a Vendrell que la vía rusa para buscar apoyo para el 'procés' «va de verdad». Y especulan sobre cómo habría sido el desembarco de 10.000 soldados rusos para defender la independencia. El dirigente nacionalista está acusado también de haber financiado la estancia de Puigdemont en Waterloo aunque el dirigente lo negó.

Tráfico de influencias

Al margen de las ínfulas geopolíticas de los dirigentes secesionistas y a la espera de que se aclare si hubo injerencia rusa en el procés, el sumario incluye intentos de algunos de los empresarios detenidos, como Xavier Vendrell, David Madí u Oriol Soler, por influir en contratos de la actual Generalitat en beneficio de sus propias empresas. El auto judicial de detención aseguraba que Vendrell «no ha dudado en influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel como consejeros» de la Generalitat. Optó además a la gestión de los centros que se abrieron para ingresar a personas procedentes de residencias afectadas por el covid-19. E intentó obtener un mayor rédito económico a través de asociarse con David Madí para proveer de test rápidos a la administración catalana.

 

Pere Aragonès, en el pleno del Parlamento catalán celebrado el miércoles
Pere Aragonès, en el pleno del Parlamento catalán celebrado el miércoles Toni Albir| EFE

La sombra del tráfico de influencias se cierne sobre el Gobierno catalán en plena gestión de la pandemia y el vicepresidente con funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, salió el miércoles en defensa del Ejecutivo y de sus empleados públicos y afirmó que los empresarios detenidos no se han adjudicado ningún concurso de la administración catalana. «No hay ni hubo un comité de crisis paralelo al oficial en la gestión de la pandemia, ni hay ningún tipo de contrato de suministro de test por parte del Departamento de Salud con las personas que están involucradas en este procedimiento ni tampoco ninguna contratación en el ámbito de residencias con las personas imputadas», señaló en sede parlamentaria.

El vicepresidente con funciones de presidente se envolvió en la estelada para defenderse de las acusaciones de corrupción que salpican a su partido y al Gobierno catalán a partir del estallido de la operación Volhov, que se saldó la semana pasada con la detención de 21 personas. Aragonès calificó la intervención llevada a cabo por la Guardia Civil de «operación de Estado y fraudulenta». Y advirtió de que ninguna operación le hará desistir de su objetivo de alcanzar la independencia. En la sesión de control al Gobierno catalán en el Parlamento autonómico, Aragonès se vio obligado a responder a los grupos de graves acusaciones y reconoció haber pedido información a las consejerías presuntamente cuestionadas. Eso sí, no puso la mano en el fuego por Xavier Vendrell y llamó «payaso» al portavoz de Ciudadanos. El PSC, en plena negociación de los Presupuestos, se dio por «satisfecho» con las explicaciones de Aragonès.