Libertad con cargos para nueve de los detenidos en la operación contra las finanzas del «procés»

Los principales detenidos en la operación puesta en marcha por la Guardia Civil que supuso el arresto del supuesto estado mayor de Carles Puigdemont quedaron ayer en libertad tras comparecer ante el juez. El magistrado acordó la libertad provisional para las nueve personas que quedaban en dependencias policiales con la obligación de estar a disposición del juez siempre que sean requeridos. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona mantiene la causa abierta por los presuntos delitos de soborno, malversación de caudales públicos, prevaricación y desórdenes públicos. En un primer momento, también los investigaba por blanqueo de capitales, pero este delito quedó descartado.

La causa está relacionada con el desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona, y, entre otras cuestiones, el juez sospecha que los detenidos pudieron integrar una trama dedicada a desviar subvenciones públicas para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont en la localidad belga de Waterloo. Entre las nueve personas que ayer acudieron al juzgado, están cuatro dirigentes muy relevantes del independentismo, ya que formaron parte del llamado estado mayor del procés, integrado por el Gobierno catalán, las entidades sociales y los partidos que lideraron el desafío de octubre del 2017.

Es el caso de Xavier Vendrell, exconsejero de Gobernación de la Generalitat y exdirigente de ERC; David Madí, mano derecha de Artur Mas en CiU; Oriol Soler, director de la campaña de Junts pel Sí en el 2015 y empresario editorial, y Xavier Vinyals, presidente de una plataforma de apoyo a las selecciones deportivas catalanas.

Dirección de Tsunami

El miércoles pasado, la Guardia Civil practicó 21 detenciones, entre empresarios vinculados al independentismo y altos cargos de la Generalitat. Todos están ya en libertad. Nueve permanecieron en dependencias policiales durante dos noches hasta pasar ayer a disposición judicial. Los nueve investigados se acogieron a su derecho a no declarar. La Fiscalía no pidió medidas cautelares, por lo que el juez las descartó.

El caso es una pieza separada de una causa abierta en un juzgado de Barcelona que investiga desde el 2016 presuntas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, en la época en la que estaba gobernada por CiU, a entidades próximas a Convergència. A partir de ahí, el juez investiga ahora cuestiones muy dispares como, por ejemplo, si los arrestados desviaron fondos y subvenciones públicas para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, si ha habido tráfico de influencias entre empresarios y responsables políticos, qué responsabilidad tuvieron algunos de los detenidos en la creación y dirección de Tsunami Democrático, la misteriosa plataforma que lideró las protestas tras la sentencia contra los líderes secesionistas.

Desvío de fondos

El juez, tal y como señala en los autos de detención, sospecha que Vendrell dirigió Tsunami y apunta que habría aprovechado sus contactos en diferentes Administraciones en beneficio de sus empresas. Vinyals pudo desviar fondos de la plataforma de defensa de las selecciones catalanas para financiar la estancia de Puigdemont en Bélgica. A Madí se le atribuye tráfico de influencias para favorecer sus negocios y a Soler se le sitúa en la estructura organizativa de Tsunami.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, una treintena de personas protestaron por los arrestos. ERC advirtió de que la operación policial «agrava» el conflicto catalán y pidió explicaciones a Sánchez. «Esto es un montaje policial y estamos ante un nuevo ejemplo de la persecución general contra el independentismo y vemos que no cesa esta represión», afirmó Marta Vilalta, la portavoz de ERC.

Podemos exige a Marlaska que sancione al guardia civil que dirigió la intervención

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se expediente al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena por, según él, denominar Volhov a la operación contra el entorno independentista catalán.

Asens se pronuncia así en Twitter y carga contra el supuesto nombre del operativo que hace referencia a una batalla de la Segunda Guerra Mundial en Rusia en la que participó la División Azul. El dirigente de En Comú Podem ya subrayó que implicaba una ofensa a la lucha antifranquista que es «impropia» de un país democrático.

«El ministro de Interior debe expedientar al coronel Baena, Tácito en las redes, por la operación Volhov. No es aceptable que haya todavía franquistas al frente de la Guardia Civil», reclamó Asens.

En una comparecencia en el Congreso, el diputado mostró su preocupación por la posible existencia de «un brazo policial, al igual que el judicial, que trabaje en contra del Gobierno» y enfatizó que existen «antecedentes» para sospechar de sectores con «sesgo político» en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Voloh no Volhov

A esta cuestión se refirió también el jueves el ministro, al señalar que no vería «adecuado» llamar Volhov a la operación. Explicó que hay «diferentes versiones» sobre el nombre del operativo, pero no quiso profundizar más por estar en marcha. Dijo que, en cualquier caso, hay que respetar la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, porque esto es «garantía de independencia y de separación de poderes». Según algunas fuentes, el nombre del operativo no sería Volhov sino Voloh, una divinidad de la mitología eslava, protectora de la tierra.

El teniente coronel Baena estuvo a cargo de la investigación del procés, desde el mando de la comisión judicial que registró en el 2017 la sede de la Consejería de Economía, que entonces dirigía Oriol Junqueras.

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