Campo deja claro que reformar la inviolabilidad del rey emérito «no está» entre los planes del Gobierno

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una imagen de archivo
El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una imagen de archivo Ballesteros | Europa Press

Al ministro de Justicia «todo lo que sea clarificar la situación» del monarca le «parece bueno»

30 oct 2020 . Actualizado a las 10:38 h.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dejado claro este viernes que una reforma de la Constitución para modificar la inviolabilidad del Rey Juan Carlos I «no está en la cartera» de su departamento y tampoco en la del Gobierno.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Campo ha descartado además referirse a la situación actual del rey emérito, al que la Fiscalía investiga por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en el 2011.

«Saben y me han oído que nunca hago pronunciamientos sobre temas judiciales vivos», ha explicado el titular de Justicia que, con todo, ha asegurado que «todo lo que sea clarificar la situación» del monarca le «parece bueno». «Y creo que hasta ese sentido voy a llegar», ha añadido.

Campo se ha expresado así después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostrase partidario el pasado mes de julio de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del monarca.

«Evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades», defendió entonces el jefe del Ejecutivo en una entrevista a eldiario.es e InfoLibre.

Campo también ha dicho que la decisión del Gobierno de pedir la ejecución provisional de la sentencia que ordena a la familia Franco entregar al Estado el pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), «es un paso que permite la reconciliación de los españoles», informa Efe. 

El ministro estima que es una cuestión que va a ser «muy bien recibida por todas las instituciones y por toda la ciudadanía, no solo gallega sino también la española». Ha concluido recalcando que «es una medida acertada, ajustada a derecho y que contribuye a la recuperación de la memoria democrática».