Un sector del CGPJ planea votar una moción contra la reforma de Sánchez

Delgado aparta del caso Tándem a Stampa, vinculado a la letrada de Iglesias


Madrid / Colpisa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este miércoles con carácter extraordinario para examinar la reforma del sistema de elección de este órgano que ha diseñado el Gobierno. Pese a que el presidente Pedro Sánchez anunció la pasada semana que aparcaba la modificación prevista para desbloquear la renovación del Consejo, parte de los vocales (siete de 20) reclamaron con anterioridad un pleno para revisar el texto presentado en el Congreso. Consideran estos consejeros que la redacción presentada tiene visos de inconstitucionalidad y afearon al Ejecutivo el haberse saltado los informes de los órganos consultivos cuando se trata de reformar una ley orgánica. Por este motivo, tratarán este miércoles de votar una moción.

La letra de esta futura norma, ahora en el cajón mientras se intenta llegar a un acuerdo para renovar el mandato del Consejo, sustituye la mayoría necesaria de 3/5 en el Parlamento para elegir a parte de los vocales por una mayoría absoluta. Este cambio ha generado una airada respuesta no solo entre las asociaciones de jueces, sino en órganos del Consejo de Europa como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Su presidente ha recordado al Gobierno que los doce vocales de procedencia judicial los deben elegir los propios jueces.

En el ámbito político las cosas no están mejor. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que «no se dan las condiciones» para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque el PSOE y Unidas Podemos siguen sin retirar del Congreso su propuesta para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gamarra ha recordado que la primera de las condiciones para proceder a una negociación «con garantías» de un nuevo Consejo del Poder Judicial era precisamente que el PSOE y Unidas Podemos retirasen su proposición de ley. Gamarra ha lamentado que esta iniciativa, «lejos de estar parada», sigue su tramitación normal en el Congreso, ya que continúa corriendo el plazo de un mes que tiene el Gobierno para pronunciarse sobre si da o no vía libre a su debate.

Acusador en el caso Villarejo

La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, rechazó este martes otorgar una de las nuevas plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos acusadores públicos del caso Villarejo o Tándem desde que comenzaron las pesquisas en el 2017. La decisión se produce con el respaldo unánime del Consejo Fiscal, el órgano asesor de la Fiscalía General, cuyos miembros no han otorgado la confianza a Stampa y solo la mitad a su compañero en la causa, Ignacio Serrano. A Stampa no le ha ayudado el expediente abierto en su día por el Ministerio Fiscal para esclarecer su relación profesional con la abogada de Podemos en el caso Villarejo, Marta Flor. Sobre todo en la pieza separada referida al robo del teléfono de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

Precisamente ayer, Villarejo presentó una querella contra el vicepresidente Iglesias, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, Dina Bousselham y Marta Flor, por un delito de acusación y denuncia falsa.

Pese a que el procedimiento abierto a Stampa fue archivado en julio pasado, unas declaraciones recientes del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, luego matizadas, criticando con dureza a su colega, certificaron simbólicamente el final de la etapa del primero en Anticorrupción.

Stampa estaba hasta la fecha en comisión de servicios en la Fiscalía especializada y tras la decisión de Delgado tendrá que hacer su petate y volver a su plaza en la Fiscalía Provincial de Madrid. Se apagan así los focos mediáticos para este acusador público de 47 años. Un camino de vuelta que no es muy habitual cuando diriges una de las macrocausas más sensibles que se recuerda, que afecta a instituciones y personalidades del Estado, banqueros, empresarios y a la antigua cúpula policial.

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