La Audiencia Nacional reclama a Suiza que localice al arquitecto Norman Foster

Quiere citarle por las irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid «con apercibimiento de ser detenido en el caso de no comparecer»


Redacción

El juez que investiga supuestas irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) ha pedido a las autoridades suizas localizar el paradero del arquitecto Norman Foster para poder citarle como testigo «con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer».

En caso de ser localizado y «no comparecer al primer llamamiento», el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata solicita que se proceda a su detención, «al objeto de ser conducido por la fuerza pública» al lugar donde se fije su comparecencia, que se pide que sea por videoconferencia. El magistrado adopta esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, después de haberse dirigido el pasado marzo a Reino Unido con el mismo fin.

El pasado septiembre, las autoridades británicas respondieron al magistrado que Foster «al momento actual se encuentra en su residencia de Suiza y, debido a las restricciones impuestas por el covid-19 y, a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse al Reino Unido».

Por eso el juez reclama ahora a las autoridades helvéticas la localización del arquitecto para poder realizar esta comparecencia el próximo 14 de diciembre y que le comuniquen, «a la mayor brevedad», si se considera «posible su práctica en las fechas indicadas».

El juez indica que Foster se encuentra en paradero desconocido, y al haber sido infructuosas «las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio», pide que se proceda a su localización para poder citarle. «La citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer», advierte.

En relación al proyecto del CJM, el juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las construcciones del Campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. De ellos, se pagaron 91,7 millones.

Recuerda el juez, que en abril de 2006 firmaron un Memorándum de Acuerdo, CJM y Foster Partners Limited, para la Redacción del Proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia.

Al Memorándum se incorporaba un Proyecto de construcción de ambos edificios de 179.691.000 euros, sobre el que se calculan los honorarios de Foster Partners, 11.621.003,00 euros, a los que se añade en concepto de gastos un 15% sobre el montante total de honorarios. De acuerdo con la documentación facilitada, el importe global del contrato ascendía a 13.317.653 euros (incluyendo gastos), indica el auto.

Más tarde, prosigue, «ambas partes firmaron de común acuerdo el Acta de suspensión el 2 de marzo del 2009, aplicando como fecha de suspensión del contrato el 29.10.2008 cuando el importe total facturado por Foster Partners ascendía a 10.621.809,06 euros (incluyendo gastos)».

En el memorándum se establecía que en caso de rescisión del contrato Foster Partners podría cobrar el 10% del montante que restara por facturar en ese momento «para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados».

Según consta en el análisis de las cuentas bancarias, CJM pagó a la empresa de Foster 13.777.335 euros, «produciéndose el último movimiento bancario en enero del 2009, tres meses después de la suspensión del contrato» Además, «en la certificación de octubre del 2008 se acredita que los trabajos realizados totalizan importe de 10.621.807,84 euros».

Esta causa cuenta con ocho imputados entre ellos el exconsejero madrileño de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, y el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

Los ocho están siendo investigados por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos societarios y conexos en relación con distintas prácticas realizadas por la Sociedad mercantil Campus de la Justicia SA.

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