Las reticencias de ERC y de Ciudadanos dejan en el aire la mayoría que precisa el Gobierno en el Congreso


Madrid / La Voz

El Gobierno no tiene garantizada la mayoría suficiente para sacar adelante en el Congreso el decreto del estado de alarma por seis meses que el Consejo de Ministros aprobará hoy. En su anterior petición durante la primera ola de la pandemia, el Ejecutivo contó de salida con una amplísima mayoría de 321 votos, con el apoyo del PP, de Vox, Cs y el PNV y la abstención de los independentistas catalanes y vascos. Pero ese apoyo fue decayendo a medida que solicitó sucesivas prórrogas, hasta perder el respaldo del PP y concitar el voto en contra de los secesionistas y tener que aprobar la última gracias a los votos de Cs y el PNV. Ahora, Pedro Sánchez confía en lograr el apoyo de los nacionalistas vascos y de los independentistas catalanes porque tanto el Gobierno vasco como la Generalitat solicitaron la implantación del estado de alarma. Pero las críticas de ERC al decreto, que considera insuficiente, dejan en el aire esa mayoría. El Gobierno no quiso aclarar ayer si ha pactado ya el apoyo del PNV, ERC y JxCAT. ERC no comparte el criterio de que la medida se prolongue hasta el mes de mayo y es partidaria de «rendir cuentas ante los Parlamentos», aunque considera que hay «margen para negociar».

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no plantea un plazo concreto, pero considera «excesivo» el de seis meses. Ayer, adelantó que abrirá una negociación para que ese tiempo sea «mucho menor». Ciudadanos cree además que debe ser el presidente del Gobierno, y no el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que comparezca de manera periódica en el Congreso para rendir cuentas sobre la evolución de la pandemia. También aquí rechaza el Gobierno que se impongan «condiciones» y «exigencias». Aunque Darias no descartó que Sánchez acuda al Parlamento a dar explicaciones, precisó que lo previsto es que sea Illa quien comparezca con regularidad.

Vox adelantó que rechazará una propuesta que, según su portavoz, Jorge Buxadé, es «ilegal, abusiva y desproporcionada». El PNV, por el contrario, anunció su voto a favor si el decreto «se mantiene» en los términos de que sean las comunidades autónomas las competentes para tomar las decisiones correspondientes «pegadas al terreno», según su portavoz, Aitor Esteban.

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