Juan Martínez Moya, vocal del Poder Judicial: «No vamos a consentir injerencias políticas, debilitan al Estado»

Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial desde hace siete años, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). 

-En cuanto se conocieron los planes del Gobierno para cambiar la designación de los vocales del Consejo, usted reclamó un pleno extraordinario. ¿Percibía que se trataba de una amenaza contra la independencia del poder judicial?

-No hablaría de amenaza. Diría que, hoy día, el concepto de juez y de independencia judicial trasciende a los estados y es propio de la Unión Europea. Un juez español es un juez de la UE y la comunidad de jueces es una comunidad internacional. Vi que, al tramitarse como proposición de ley, el Consejo no podía pronunciarse sobre ese proyecto y ejercer su responsabilidad consultiva. Pensé que el Poder Ejecutivo y el Legislativo debían conocer nuestra opinión.

-En este caso la cuestión va mucho más allá de que el Poder Judicial se pueda o no pronunciar sobre la reforma.

-Claro, sí. Es que además estaba el hecho de que lo que los juristas llamado el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho, en este caso mostraba con mucha evidencia que la propuesta normativa no pasaría un test de constitucionalidad. Eso de entrada. Y mucho menos pasaría un test de conformidad con el Estado de Derecho, tal como lo define el Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión de Venecia.

-Eso de que «no pasaría un test de constitucionalidad» me parece un eufemismo para definir lo que estaba haciendo el Gobierno con ese cambio de normas de juego. ¿Le parece si hablamos de una intromisión excesiva del Ejecutivo en el Poder Judicial?

-Diría que era una potencial injerencia de quienes proponen ese cambio legal. Un debilitamiento institucional de la autonomía y la independencia del poder judicial. Y eso no es tolerable por una razón: el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, dejó muy claro que el Consejo del Poder Judicial no es una institución que represente el pluralismo político, sino una institución de garantía de la independencia judicial. Entonces, quienes estamos en esa institución tenemos que avisar a los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y también a la sociedad, de que una iniciativa legislativa de ese cariz…

-Que no van a consentir injerencias políticas, vamos.

-Que no las vamos a consentir porque es debilitar al Estado. La independencia no es para nosotros, sino para los ciudadanos.

-¿Y qué pretendía que el CGPJ hiciera con ese pleno extraordinario?

-Bueno, no se ha desconvocado…

-Cierto.

-Pues vamos a ver, porque los acontecimientos pueden ir cambiando. Para mí, ‘congelar' una proposición de ley, como han dicho que han hecho, no es retirarla. Entonces, salvo que se retire…

-La amenaza sigue vigente.

-Exacto.

-Y hay que pronunciarse.

-En mi opinión, sí.

-¿Cree que han pesado mucho esos avisos, como el del Grupo de Estados contra la Corrupción, en la decisión de congelar la reforma?

-Creo que sí. Pero no debemos olvidar, de todos modos, que a quien le corresponde nombrar a los vocales del Consejo es al Legislativo, a las Cámaras; esto es, al Congreso y al Senado.

-Si, por las razones que fueren, Sánchez ‘descongela' ese proyecto y pretende seguir adelante, ¿sería partidario de acudir al Tribunal Constitucional?

-Tengo confianza en quienes desempeñan labores de Gobierno y creo que no se va a dar ese paso.

-¿Cuál sería la fórmula ideal para designar al Consejo?

-Lo primero es que lo integren personas competentes y de excelencia profesional. Y eso ya despoja a quienes tienen trayectorias políticas significadas. Para mí no es tan importante quién las elige, sino la legitimidad de su ejercicio, el cómo tienen que trabajar. Hay una recomendación muy clara de la Comisión de Venecia y del Greco que lo deja muy claro: que el cupo de jueces sea elegido entre sus pares. Y es bueno que sea así, porque aparte del grupo de juristas, que son ocho, es bueno que haya profesionales de otros ámbitos, como profesores y abogados, porque es la mejor forma de neutralizar el corporativismo judicial. Mi fórmula, de todas formas, pasaría por que hubiera una paridad y diez jueces, por lo menos, fueran elegidos por el resto de jueces y magistrados. Y evitaría que hubiera una captura por parte de las asociaciones judiciales, pues solo representan a la mitad de la carrera judicial. Somos 5.400 jueces.

-¿Unas elecciones?

-Exacto. Del sufragio directo.

-Usted fue designado a propuesta del PP. ¿Es algo que marca? Quiero decir, ¿el Consejo está dividido entre vocales conservadores y progresistas?

-Rotundamente no. Fui propuesto por más de 350 compañeros, que me dieron su aval sin pedírselo, fui el segundo candidato con más avales. Me dieron su voto 305 diputados del Congreso, con lo cual me siento perfectamente legitimado, al margen de que el PP asumiera mi candidatura. Me siento inmune a ese tipo de identificación. De hecho, he mantenido posturas discrepantes con lo que se viene a llamar el sector conservador. En materia social, por ejemplo, me considero muy progresista.

-¿Cómo se percibe eso tan abstracto de estar en el núcleo de poder de la justicia, también en sus relaciones con los representantes de otros poderes?

-Yo he estado cinco años en la Comisión Permanente del Consejo, en el núcleo duro. Y he convivido con un presidente, Carlos Lesmes, que ha ejercido su cargo ante muchas dificultades, como el juicio del procés, crisis institucionales, cinco fiscales generales… y con alguno de ellos no nos hemos puesto de perfil, precisamente. Es cierto que puede haber conversaciones con los representantes de otros poderes en los actos institucionales, pero no hay llamadas. Cuando ha habido un ataque a la independencia judicial, como alguno que ha llegado del vicepresidente (Pablo Iglesias), se le ha respondido por escrito. O cuando Catalá dijo que un miembro del tribunal de la manada tenía un problema singular, no nos hemos escondido. Esta mañana mismo he firmado un voto particular en favor de amparar al juez García-Castellón. Puedo afirmar que uno de los grandes logros de este Consejo ha sido la transparencia.

-Entre los muchos roces que se ha producido últimamente con el Ejecutivo, uno de los más sonados fue que se privara al Rey de presidir el acto de jura de la nueva promoción de jueces en Barcelona. ¿Cómo le sentó eso?

-En una declaración que hicimos siete miembros del Consejo ya expresé mi profundo malestar. Lamentábamos que el rey no estuviera en el acto, pero no voy a valorar si fue un error del Gobierno.

-¿Le duele el momento por el que está pasando la monarquía?

-La monarquía es una institución clave. He tenido la oportunidad de conocer cómo trabaja nuestro Rey, por ejemplo en la Cumbre de Jefes de Estado en Iberoamérica, y de ver el profundo respeto y admiración que se le profesa en otros países. La Corona es una institución clave para los jueces. La Corona está imbricada en nuestro Estado de Derecho.

---

---