Los frentes abiertos de la familia Franco tras la exhumación

Hoy se cumple un año del traslado de los restos del dictador y nuevos nubarrones judiciales penden sobre los bienes de sus vástagos y de la fundación


Madrid / Colpisa

Los frentes judiciales se le acumulan a la familia Franco al cumplirse este sábado el primer aniversario de la exhumación y reubicación de los restos del dictador. El 24 de octubre del 2019 se efectuó el traslado del féretro desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio (Madrid). Un acto sobrio que tuvo una gran expectación mediática.

El Tribunal Supremo había avalado un mes antes el decreto del Gobierno tras rechazar por unanimidad el recurso de los nietos, que propusieron la catedral madrileña de la Almudena como ubicación definitiva. Con la pandemia mediante, en estos 12 meses desde que se produjera la histórica instantánea del helicóptero militar saliendo de Cuelgamuros con los restos del exjefe del Estado -fallecido el 20 de noviembre de 1975- se han producido varios hitos jurídicos que afectan a los bienes de la familia Franco, como la devolución al Estado del Pazo de Meirás tras la sentencia del pasado 2 de septiembre. De forma paralela, en los próximos días comenzará la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de la Memoria Histórica, que abre la vía a la ilegalización de la fundación del mismo nombre que enaltece la figura y obra del «generalísimo», y la retirada del Ducado de Franco, hoy en manos de su nieta mayor, Carmen Martínez-Bordiú. El listado de otros bienes, aparte del pazo coruñés, está ahora en el punto de mira de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que presiona para que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, continúe su acción judicial.

Además de la finca ubicada en Sada, desde la entidad hacen referencia a obras de arte como las famosas esculturas del Maestro Mateo que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, pero también reclaman que se investigue los bienes que la Fundación Franco vendió «mediante la creación de escuelas-taller», cómo tapices, cuadros o muebles de «importante valor histórico y económico». También la carismática Casa Cornide, en A Coruña, construida entre 1750 y 1760 y que era un colegio antes de que pasase a ser propiedad de los Franco. Otros bienes bajo sospecha son piezas medievales de Muxía (A Coruña). La iglesia de San Julián de Moraime perdió dos pilas tras una visita de Carmen Polo en los años 60.

Además de estos bienes, el futuro de la Fundación Franco está en el aire cuando entre en vigor la Ley para la Memoria Histórica, que deroga la actual del 2007. La letra de la norma deberá hilar fino ya que la prohibición de un colectivo por motivos ideológicos no soporta bien un juicio de constitucionalidad. La jurisprudencia de la corte de garantías es clara: la libertad ideológica no está sometida a límites a diferencia de Alemania, donde está ilegalizado el partido nazi o se castiga penalmente el negacionismo.

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