Bruselas eleva la presión al Gobierno y reitera que vigilará «con atención» la reforma del CGPJ

El Ejecutivo apela a sus socios de investidura y les pide que le apoyen si no es posible pactar la renovación con el PP

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Madrid / La Voz

El Gobierno se está encontrando con muchos más problemas de los previstos para tratar de sacar adelante su propuesta de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial rebajando a una mayoría absoluta el requisito de tres quintos exigido actualmente. La Comisión Europea advirtió ayer al Ejecutivo español por segunda vez de que vigilará «de cerca» y «con atención» la reforma que está planteando. El pasado jueves, Bruselas ya señaló que la Comisión siempre ha incidido en «la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial» y de «asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización».

La contundencia de Bruselas sorprendió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que trató de restar trascendencia al aviso. Desde Moncloa se apuntó a que el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, que fue quien se pronunció, no había entendido bien los cambios que se plantean. Pero ayer, Wigand dejó claro que lo había comprendido perfectamente. «No ha habido muchos cambios en los últimos días: Dejamos clara nuestra posición respecto a la propuesta y seguimos de cerca su desarrollo», señaló en una rueda de prensa en la que precisó que el Gobierno no ha contactado desde su primera advertencia con los servicios de la Comisión Europea, ni nadie del Ejecutivo comunitario se ha dirigido tampoco al Ejecutivo español.

 Más tribunales en contra

Los problemas crecen para el Gobierno porque al recelo europeo se ha sumado, además del previsible rechazo frontal del PP, de las asociaciones judiciales y de la mayoría conservadora del CGPJ, un inusual y creciente pronunciamiento de los tribunales superiores de Justicia autonómicos y de los colegios de abogados en contra de ese proyecto del Ejecutivo. E incluso algunos socios del Gobierno de coalición se oponen a una reforma en esos términos.

Por ahora, se han pronunciado en contra los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura y el Colegio de Abogados de Madrid, que agrupa a 80.000 letrados. La propia cúpula del CGPJ mantiene la presión con la propuesta de algunos de sus miembros de emitir un dictamen jurídico crítico que sería elevado a las autoridades europeas.

Tras esos encontronazos, el Gobierno ha modulado su posición y se muestra dispuesto a retirar la reforma si el PP se aviene a negociar. La portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero, insistió ayer en que la propuesta solo se ha presentado como solución al «bloqueo provocado por el PP». Pero añadió que para el Ejecutivo «es prioritario el diálogo» y por ello permanece abierto al pacto. La tesis de Moncloa es que si el PP «no quiere mantener» el diálogo, «es evidente que es responsabilidad del Gobierno y del legislativo impulsar las medidas correspondientes».

 Errejón no la apoya

Montero envió también un mensaje a sus socios de investidura advirtiendo de que si el acuerdo con el PP no es posible, el resto de fuerzas parlamentarias «tendrán que cumplir con la obligación» de contribuir a «una situación de desbloqueo». El Gobierno no tiene la mayoría absoluta requerida y necesitaría repetir para ello los apoyos de la investidura y convertir además la abstención de ERC en un sí.

Pero uno de esos socios, Más País, ya advirtió ayer de que no comparte el espíritu del proyecto de ley presentado por el PSOE y Unidas Podemos y tampoco la contrarreforma registrada por el PP para que los jueces elijan a los jueces. El líder del partido, Íñigo Errejón, adelantó que presentarán su propia propuesta basada en la elección de un número de vocales por sorteo entre aquellos que acrediten el currículo y la experiencia necesarias, y en limitar al máximo al «máximo» las atribuciones del consejo cuando venza su mandato y se encuentre en situación de interinidad. Además, el exdirigente de Podemos plantea establecer un MIR judicial, similar al sanitario, con un primer período de prácticas remuneradas para «democratizar» el acceso a la carrera judicial.

El Gobierno ha renovado los consejos de varios organismos públicos sin consensuar los nombramientos con el PP

 G. B.

En caso de que la reforma planteada por el Ejecutivo saliera adelante, el Consejo General del Poder Judicial no sería el único órgano que la mayoría de gobierno aprobara sin consenso con el primer partido de la oposición. El Gobierno ya procedió a la renovación de importantes organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sin negociar con el PP y repartiéndose los nombramientos entre el PSOE y Unidas Podemos y, en algún casos con a sus socios de investidura. El Ejecutivo ha advertido ya además de que si el PP persiste en lo que considera un bloqueo está dispuesto a proceder unilateralmente a otros nombramientos pendientes como el del Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de RTVE.

 En el caso de la CNMC, el Gobierno acabó con el tradicional reparto de puestos con el primer partido de la oposición y situó en junio a Cani Fernández, hasta ese momento asesora jurídica de la Moncloa, como presidenta, y a Ángel Torres, exsecretario general de Política Económica con el socialista Pedro Solbes, como vicepresidente. Como consejeros entraron también Carlos Aguilar, vinculado a Podemos, y Josep Salas, propuesto por ERC. En 2017, Rajoy cedió al PSOE dos puestos en el consejo, entre ellos el que ocupó Mariano Bacigalupo, marido de la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera. Aguilar sorprendió en el Congreso cuando, durante su evaluación de idoneidad, admitió que no es «ningún experto en temas de competencia».

A finales de marzo, el Gobierno nombró a Josep María Serena i Sender como nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y como consejeros a Elvira Romera Gutiérrez y María Pilar Lucio Carrasco, a propuesta del PSOE, y Francisco Castejón Magaña a propuesta de Unidas Podemos. El proceso aquí fue similar al que se está produciendo en el CGPJ. El Ejecutivo propuso nombrar a dos candidatos del PSOE, uno del PP y otro de Podemos. Pero los populares no aceptaron que el partido de Pablo Iglesias estuviera en el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno dejó de lado al PP antes que marginar a su socio de Gobierno. Queda también por renovar la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), cuyo mandato vence en noviembre. Aunque este puede ser renovado, PSOE y Unidas Podemos ya se opusieron en su día al nombramiento de su actual presidente, Sebastián Albella.

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