El tribunal estima para absolver a Trapero su plan para detener a Puigdemont

Observa que pidió que se cancelara el 1-O y dijo que los Mossos acatarían la ley

Trapero, en el 2017 a su salida de la Audiencia Nacional
Trapero, en el 2017 a su salida de la Audiencia Nacional

Madrid / Colpisa

La Audiencia Nacional ha valorado el plan de la cúpula de los Mossos d’Esquadra para detener a Carles Puigdemont en la sentencia absolutoria del mayor Josep Lluís Trapero. El tribunal de la Sala de lo Penal, que este miércoles notificó la resolución a las partes, ha estimado como prueba de descargo el hecho de que el jefe policial de los Mossos ordenara a sus subordinados directos preparar el dispositivo «para la detención de cargos y representantes políticos el día de la declaración unilateral de independencia (DUI), en previsión de que así lo decidiera la autoridad judicial».

Este plan, que el mayor ya desgranó en su comparecencia como testigo en el juicio del procés contra los líderes secesionistas, ha sido considerado por dos de los tres magistrados favorables a la absolución como uno de los «contraindicios» que descartan los «elementos incriminatorios» contra los cuatro acusados por delitos de sedición y desobediencia: además de Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y los mandos políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig.

En la sentencia de la sección primera, con voto particular discrepante de la presidenta Concepción Espejel, favorable a la condena por sedición, se argumenta que no ha quedado acreditado que los acusados «hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma», ni que se hubieran puesto de acuerdo con quienes lideraban el proceso independentista o que hubieran apoyado sus actos propiciando la pasividad de la policía autonómica.

La resolución explica que no hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio, ni tampoco entre los acusados, o alguno de ellos, y las personas condenadas en el juicio ante el Supremo como coautores del delito de sedición o con otros organizadores de la preparación y ejecución del referendo ilegal.

Reproches a Puigdemont

La Fiscalía pedía una condena de 10 años de cárcel para Trapero, Soler y Puig y de cuatro años para Laplana por delito de sedición y ofreció como calificación alternativa la de delito de desobediencia por el que se solicitaba la imposición de penas de multa e inhabilitación por un año.

La sentencia señala que son numerosos los hechos que funcionan como «contraindicio» de la hipótesis de la existencia de un acuerdo de los acusados con los que llamaron, organizaron y lideraron la movilización ciudadana frente a los registros del 20 de septiembre y para celebrar el referendo ilegal el 1 de octubre.

En este sentido, explica que los acusados no se comunicaron con los responsables políticos y sociales de la convocatoria de la consulta y de las movilizaciones durante el período de septiembre y octubre del 2017; y la prefectura de Mossos, con el mayor al frente, reprobó públicamente el 23 de septiembre las declaraciones del consejero de Interior Joaquim Forn, de quien dependían orgánicamente, afirmando su compromiso con la ley y las decisiones de los jueces.

Los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a la absolución, Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel, apuntan también como «contraindicio» que en dos ocasiones, el 26 y el 28 de septiembre, Trapero se reunió con el entonces presidente de la Generalitat para pedirle que desconvocara el referendo, así como que el mayor volviera a manifestar, esta vez en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, al presidente y al consejero Forn, y en presencia del secretario de Estado de Interior José Antonio Nieto, que los Mossos cumplirían la ley y las resoluciones de los jueces.

En la misma línea, la sala argumenta que el acusado principal, Trapero, siguió manifestando después del 1 de octubre, en una reunión con los mandos del cuerpo el día 13, que la policía debería actuar «bajo criterios de neutralidad política, imparcialidad y profesionalidad, ejecutando las decisiones de jueces y fiscales».

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