El PP plantea al PSOE pactar una reforma para que «los jueces elijan a los jueces»

Ábalos ve un pacto tras la moción de censura, pero Casado excluye a Podemos

Pablo Casado, este lunes, tras la reunión del comité de dirección del PP
Pablo Casado, este lunes, tras la reunión del comité de dirección del PP

Madrid / La Voz

El Gobierno y el PP tratan de salir del laberinto en el que se han metido a costa de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mientras el Ejecutivo envía señales de estar dispuesto a olvidar la reforma que rebaja la mayoría necesaria en las Cortes para la renovación si el PP se aviene a negociar, y precisa que Unidas Podemos no tiene por qué estar físicamente en la mesa de negociación, los populares plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo a cambio de reformar el modelo de cara al futuro dejando que «los jueces elijan a los jueces». Pese a todo, el pacto parece imposible a corto plazo, y solo después de que se debata la moción de censura de Vox sería posible un acercamiento.

El líder del PP, Pablo Casado, presentó la contraoferta de su partido a la reforma planteada por el Gobierno para que el Poder Judicial pueda ser elegido con la mayoría absoluta del Congreso. «Sánchez se ha pasado de frenada», señaló el presidente de los populares, que dio por hecho que el Ejecutivo dará marcha atrás después de la llamada de atención de la Unión Europea. El PP admite que el cambio de modelo solo sería aplicable en próximas renovaciones, y no en la actual, y que puede haber un acuerdo para pactar un nuevo consejo antes de que se apruebe la propuesta que este mismo lunes registró en el Congreso. Pero pone condiciones. «Con Podemos no vamos a negociar», insistió Casado, que explicó que el acuerdo debe ser entre partidos, y no con el Gobierno, por lo que, dado que el PSOE y el PP suman la mayoría de tres quintos requerida, el partido de Pablo Iglesias no tiene por qué participar.

PSOE: no al corporativismo

Las razones por las que debe ser excluido son, según Casado, que es un partido imputado, cuyo líder está acusado por la Audiencia Nacional de «tres graves delitos»; que ataca a las instituciones y que reclama pactos con «los herederos de ETA» y los independentistas». Ahí está el escollo. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cree que el PP pactará la renovación tras la moción de censura. Advirtió de que no van a «proscribir a un partido de la coalición de Gobierno». Pero precisó que la negociación la lleva el ministro de Justicia «y todos los ministros son del Gobierno, no de un partido» y que, por tanto, «no se trata de dar reconocimiento a un partido ni a otro, sino al conjunto del Ejecutivo». Adelantó el rechazo de su partido al planteamiento de que los jueces elijan a los jueces porque ««no puede haber una concepción corporativista en un poder del Estado»».

La propuesta del PP para la despolitización judicial va más allá de la renovación. Plantea recuperar el carácter «imparcial» de la Fiscalía General del Estado y que los juristas que hayan ocupado cargos políticos no puedan tampoco ser vocales del CGPJ. Propone extender la exigencia de una mayoría de tres quintos a todas las decisiones del consejo y que los parlamentos autonómicos no puedan designar vocales de los tribunales superiores de Justicia. Y sugiere además que los informes del CGPJ sean preceptivos «para cualquier reforma que afecte a la carrera judicial».

El máximo órgano de los jueces se reúne el día 28 de octubre y el sector conservador plantea emitir un informe crítico

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, mantiene el desafío ante la reforma que plantean el PSOE y Unidas Podemos para proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que excluye el informe previo del propio consejo, que sería preceptivo en caso de que la iniciativa partiera del Ejecutivo, al haber sido presentada en el Parlamento. Lesmes ha convocado para el próximo miércoles 28 de octubre un pleno extraordinario del consejo para estudiar esa propuesta. El CGPJ mantiene ahora mismo una composición con mayoría de jueces conservadores, que son abiertamente contrarios a esa reforma. De hecho, siete miembros del CGPJ de ese sector conservador habían solicitado que se convocara el pleno de forma «urgente» para estudiar lo que consideran un «atropello» a la Justicia. Pero el estado de alarma que rige en Madrid complica el desplazamiento de algunos magistrados que residen fuera de la capital, por lo que el pleno se celebrará finalmente solo un día antes del que ya estaba previsto para el 29 de octubre.

Desde el sector más crítico con el Gobierno se plantea incluso la posibilidad de que el consejo elabore un informe jurídico sobre la reforma que plantean el PSOE y Unidas Podemos aunque su dictamen no sea preceptivo al tratarse de una proposición de ley. Ese informe tendría sin embargo un gran impacto porque, de aprobarse en términos críticos que cuestionen su constitucionalidad, pondría en aprietos al Gobierno no solo en España, sino también ante las instituciones europeas, que ya han anunciado que vigilan «de cerca» ese proceso, a las que se les remitiría también el texto. Ese planteamiento, sin embargo, no lograría la unanimidad del consejo, lo que ofrecería una imagen de división. Por ello, el sector progresista es partidario de limitarse a emitir un comunicado aprobado de forma unánime, sin llegar a realizar un informe jurídico.

A las quejas planteadas desde el propio consejo se sumaron este lunes las de la Sala de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia de Extremadura y de Castilla y León, que expresaron su rechazo a la reforma. También la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid consideró que cambiar el modelo de elección del CGPJ «por razones estrictamente políticas» atenta contra el principio de seguridad jurídica y pone «en gravísimo riesgo» la percepción sobre la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo.

Feijoo advierte al Ejecutivo de que no se negocia «con amenazas», sino «con propuestas»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se refirió este lunes a la polémica por la reforma impulsada por el Gobierno y afirmó que no es bueno «que el Ejecutivo amenace al único partido» con el que necesita renovar el Consejo General del Poder Judicial porque «no se negocia con amenazas». Considero que tramitar una ley «en contra de cuarenta años de acuerdos y de consensos y de renovaciones equilibradas del CGPJ es impropia de un Gobierno democrático». «Es sorprendente que un Gobierno como este, que tuvo tres años paralizado el Tribunal Constitucional cuando estaba en la oposición, ahora amenace con hacer un cambalache» en el órgano de gobierno de los jueces», indicó Feijoo. «No se negocia con amenazas, se negocia con propuestas», señaló el presidente de la Xunta, asegurando que cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta «no nos pusimos nerviosos ni amenazamos a la oposición». El líder del PPdeG expresó su sorpresa por el hecho de que «el Gobierno actual tenga más facilidad para negociar con Bildu y los independentistas de Cataluña que con el jefe de la oposición».

Ciudadanos celebra que los populares copien su idea y pide al Gobierno que retire la reforma

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, aplaudió al PP por plantear una reforma similar a la que propone su formación política para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que establece la elección de los jueces por los propios jueces. «Es una buena noticia, llevamos 35 años esperando», señaló tras la reunión de la ejecutiva permanente del partido. Según aseguró, hasta ahora, el PP y el PSOE se han estado repartiendo los jueces del CGPJ, en ocasiones «de manera infame».

«Yo le digo al PP que copien nuestra reforma, yo se la regalo», indicó Bal sobre la propuesta de los populares. Aseguró que ni Casado ni nadie de su partido se puso en contacto con su formación para tantearles sobre esta nueva propuesta. En todo caso, insistió en exigir al Gobierno que retire la reforma que registró la semana pasada, que calificó de «infamia», «aberración jurídica» y «cacicada» que ahonda en la politización del CGPJ.

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