Iglesias acusa al juez que pide imputarlo de proceder «arbitraria e injustificadamente»

El vicepresidente presenta un recurso solicitando la «nulidad radical» del auto

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias
El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias

Madrid / La Voz

Continúan las tensiones entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó ayer al juez Manuel García-Castellón de haber actuado de forma «injustificada y arbitraria» en relación a su exposición razonada elevada recientemente al Supremo. El magistrado de la Audiencia Nacional, que no tiene capacidad para imputarlo debido a la condición de aforado del líder de Podemos, en este caso doble, por su cargo de vicepresidente y por mantener el acta de diputado, solicita al alto tribunal que se abra una causa al secretario general de la formación morada por haber incurrido en tres posibles delitos en relación al conocido como caso Dina, en el que se investiga el robo de la tarjeta telefónica de su exasistente durante su etapa como europarlamentario en Bruselas.

En el entorno más próximo a Iglesias consideran que el magistrado ha pedido su imputación con el único objetivo de dañar su imagen y su carrera política, una suerte de conspiración que denuncian en público varios cargos de Podemos. La defensa del número tres del Ejecutivo presentó ayer un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita la «nulidad radical» del auto de García-Castellón en el que este insta a la imputación de Iglesias. En el texto argumenta que la exposición razonada del magistrado «carece de fundamentación», alegando que no existen «pruebas» que sostengan sus acusaciones sobre la supuesta comisión de tres delitos: revelación de secretos con agravante de género, daños y denuncia falsa. 

Un testigo «con enemistad»

Iglesias defiende que las acusaciones del magistrado, que acaba de imputar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), solo presenta contra él unas pruebas que «no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta», dice el recurso, en clara referencia al exabogado de Podemos José Manuel Calvente.

El vicepresidente segundo del Gobierno se lanzó a pronosticar la pasada semana que el asunto acabará archivado, adelantando que el Supremo no solicitará al Congreso el permiso que necesita para proceder a su investigación. Iglesias basó estas declaraciones en el cambio que experimentó su situación procesal, al serle retirada la condición de «perjudicado» para acabar siéndole devuelta. La defensa mantiene la misma línea de entonces.

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