Sánchez retirará la reforma del CGPJ si el PP acepta pactar su renovación

El presidente del Gobierno se muestra dispuesto a hacer «concesiones» a los populares, pero no a marginar a Unidas Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Bruselas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Bruselas EFE

Madrid / La Voz

«Esto tiene fácil solución, y es que el PP se siente y negocie». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este viernes que la reforma del modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que la Unión Europea está «siguiendo de cerca», se ha presentado con el único objetivo de que el PP se avenga a acordar la renovación de este órgano con el Ejecutivo de coalición, incluido Unidas Podemos, partido con el que los populares rechazan pactar. Sánchez se mostró dispuesto a sentarse a negociar «hoy mismo si es preciso» para renovar el CGPJ con la ley actual, olvidando por tanto la reforma «antibloqueo». Pero advirtió de que si el PP «utiliza la ley para bloquear la Constitución, el poder legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley»

 Advertencia de la Unión Europea

Aunque ningún portavoz oficial lo admite, la advertencia lanzada desde la Unión Europea ante la iniciativa del Gobierno ha hecho mella en el Ejecutivo, que ha modulado su decisión de seguir adelante de forma inflexible con una reforma que dejaría en manos de la mayoría de investidura el nombramiento de doce de los veinte miembros del CGPJ. En una comparecencia tras asistir al Consejo Europeo de Bruselas, Sánchez eludió valorar cómo ha recibido el Gobierno esas advertencias y se limitó a señalar su «absoluto respeto» por las declaraciones del portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigard. Pero recordó que la propia Comisión ha urgido en varias ocasiones por escrito a España a renovar la cúpula del poder judicial, cuyo mandato caducó en diciembre del 2018.

Sánchez se mostró tranquilo ante las consecuencias del paso dado por el Gobierno y aseguró que ninguno de sus colegas europeos le había hecho la mínima referencia al asunto durante la reunión. Tampoco concedió importancia a la posibilidad de que, de seguir adelante con la reforma, la Comisión Europea pudiera bloquear la llegada a España de los fondos de reconstrucción para el covid-19. En todo caso, trató de eludir la responsabilidad del Gobierno en esa propuesta de reforma señalando que se trata de una iniciativa de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, recordando además que entre ambos carecen de mayoría absoluta y tendrán que negociar con otras fuerzas para aprobarla.

Sánchez trató también de rebajar la alarma de la Comisión Europea asegurando que la medida que plantea el Gobierno afecta a la designación «del órgano de gobierno» de la Justicia, pero no a los nombramientos de los jueces. Indicó que si el PP mantiene el bloqueo el CGPJ podría estar seis años sin renovarse, como manda la Constitución, y reprochó al propio consejo que esté nombrando magistrados para el Tribunal Supremo estando en funciones. Algo, que a su juicio, justifica también una reforma que limite las facultades del consejo cuando vence su mandato.

 El negociador es solo el ministro

Aunque se mostró dispuesto a «hacer todas las concesiones razonables» al PP que sean necesarias durante la negociación, precisó que no es aceptable que los populares imponga la condición de que Unidas Podemos no participe en los acuerdos, ya que el Gobierno actual es de coalición y no distingue entre ministros de uno u otro partido. Sin embargo, precisó a renglón seguido que el responsable de negociar la renovación con el PP por parte del Ejecutivo es exclusivamente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, nombrado por él, y no por Unidas Podemos.

Pero los populares no modifican su posición. Enrique López, negociador del PP, reiteró que lo que exigen es que Unidas Podemos no esté en los pactos porque es un «partido antisistema que están en contra del orden constitucional». Aseguró que el PP está dispuesto a negociar, pero insistió en que «entre el sistema ideal de que los jueces elijan a los vocales del CGPJ y el sistema de que Pablo Iglesias elija a jueces, hay un término medio».

La fría acogida de sus socios modula la postura del Ejecutivo

 G. B.

Además del toque de atención de la Unión Europea, en la rebaja de la tensión con el PP por parte del Gobierno ha influido también la fría reacción de la mayoría de los socios de investidura de Pedro Sánchez a la propuesta de modificar la ley para dejar los nombramientos del CGPJ en manos de la mayoría absoluta del Congreso. Aunque todos ellos habían firmado un texto en el que se exigía la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sumando 188 diputados, los nacionalistas del PNV y los independentistas de ERC y JxCAT, y también Más País, el partido de Íñigo Errejón, ven con recelo una reforma que, en caso de cambio de Gobierno, dejaría en manos exclusivas de la derecha el nombramiento de la mayoría de los jueces del CGPJ.

 En esa reacción influye también el hecho de que los socios de investidura tienen la sensación de estar siendo utilizados por Sánchez para presionar al PP y negociar una reforma que en último término acabaría dejándolos marginados de cualquier decisión. Al tratarse de una reforma de una ley orgánica, el Gobierno necesitaría la mayoría absoluta, lo que implica que no le bastarían los apoyos de la investidura, que salió adelante por mayoría simple de 167 votos. Es decir, que tanto ERC como el PNV, además de los partidos minoritarios, tendrían que vota a favor.

El PNV no está interesado en generar un conflicto como el que supondría imponer un CGPJ con los votos de la mayoría de investidura, que le cerraría las puertas a futuros acuerdos con el PP. Siempre ha preferido defender sus intereses mediante la negociación y ahora apuesta por el diálogo con los populares, aunque rechaza el bloqueo. Tampoco lo ve claro ERC, que tendría que retratarse de nuevo como aliado del Gobierno a las puertas de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Y hacerlo, además, sin garantías de que la reforma salga adelante. De hecho, su portavoz, Gabriel Rufián, se mostró muy crítico con una propuesta que consideró peligrosa, ya que con ella un futuro Gobierno «de extrema derecha o de la derecha extrema de PP, Vox y Ciudadanos» tendría todo el poder para controlar el CGPJ. «Pan para hoy, y hambre para mañana», resumió el portavoz de los republicanos catalanes. Y tampoco ha encontrado eco la reforma en la mayoría de analistas y medios afines al Ejecutivo, que consideran que puede provocar un revolcón por parte del Tribunal Constitucional, además de complicar la negociación de los fondos de reconstrucción europeos.

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