Las asociaciones rechazan las intromisiones políticas y piden que sean los jueces los que elijan a sus representantes

M. E. Alonso
Madrid / Colpisa

Las críticas a la propuesta de reforma del poder judicial que presentaron PSOE y Unidas Podemos también llegaron desde dentro del país. Las principales asociaciones de jueces, a través de un comunicado, reconocieron haber recibido el anuncio con «estupor» ya que, como manifiestan, «choca frontalmente con las recomendaciones de fortalecer la independencia judicial». Sin embargo, están de acuerdo en la necesidad de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En un texto firmado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente, colectivos que reúnen a más de la mitad de los jueces en España, piden acabar con «las luchas políticas» que lo han llevado a una situación de bloqueo y consideran que el órgano «ha sido una moneda de cambio» entre los diferentes partidos.

Los jueces recuerdan que la razón de la creación del Consejo General del Poder Judicial no es otra que la de «mantener la independencia del órgano de gobierno de los jueces evitando su dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Justicia». Por ello no entienden que el nombramiento de sus miembros «provenga de otro poder del Estado, como la práctica ha venido demostrando». 

Recurso en el Constitucional

Además, la Asociación Francisco de Vitoria presentó este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional para «desbloquear y despolitizar al mismo tiempo» la situación en la que se encuentra el CGPJ. Sin embargo, destacan desde este colectivo que esta acción «no va contra la reforma anunciada esta semana por el PSOE y Unidas Podemos, sino contra algo más concreto e inmediato: buscan que el Tribunal Constitucional inste al Parlamento a votar de una vez los nuevos vocales del CGPJ».

A las críticas de los jueces se sumó el líder del PP, Pablo Casado, quien denunció en Bruselas, donde participaba en una cumbre de los populares europeos, la «gran irresponsabilidad» que está cometiendo el Gobierno español al promover en el Congreso la reforma del poder judicial y advirtió de que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para frenar esa propuesta.

«No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones. Ninguna reforma de ningún país puede ir en contra de la independencia del poder judicial», subrayó el líder de la oposición.

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