El plan del Ejecutivo para designar a doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su mayoría de la investidura y sin contar con el primer partido de la oposición es un alarmante punto de inflexión en la peligrosa deriva emprendida por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos desde su llegada al poder. Primero fue el nombramiento de una ministra y diputada del PSOE como fiscala general del Estado, lo que lamina cualquier apariencia de imparcialidad. Después, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, arremetió contra la judicatura, a la que tachó directamente de prevaricadora sin que Pedro Sánchez le corrigiera. Y luego llegó el intento de deslegitimar desde el Gobierno al jefe del Estado, acusándolo de golpista y de maniobrar en contra del Ejecutivo. Pero el asalto directo al poder judicial, saltándose además todos los controles democráticos al eludir mediante una añagaza parlamentaria los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, que serían preceptivos en caso de que se tratara de una iniciativa del Gobierno, supone ya una seria amenaza para el Estado de derecho, que sitúa al Ejecutivo español no ya a la altura de los gobiernos europeos menos respetuosos con las libertades, como Polonia, sino a la de regímenes populistas bolivarianos, cuyos objetivos son siempre imponer sus ideas sometiendo a la Justicia, obviando la separación de poderes y eludiendo cualquier control democrático.
Esta iniciativa llega después de que el Gobierno anunciara una modificación exprés del Código Penal para liberar a los secesionistas condenados por sedición y cuando el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, está a las puertas de una posible imputación en el Tribunal Supremo. De prosperar esta reforma, la Justicia española estaría controlada por los separatistas catalanes y los herederos de ETA de EH Bildu, que podrían vetar a cualquier candidato a vocal del CGPJ, ya que el Gobierno necesita sus votos para consumar el atropello al Estado de derecho.
La doctrina del Tribunal Constitucional, que establece como una necesaria «cautela» democrática que el CGPJ sea elegido por una mayoría de tres quintos de las Cortes, tumbará el asalto al poder judicial por parte del Gobierno. Pero el daño causado a la imagen internacional de la democracia española es irreparable. El Gobierno polaco utilizó ya ayer la iniciativa del Ejecutivo español para desacreditar cualquier intento de la Unión Europea de aplicarle sanciones por un control de la cúpula judicial que resulta incluso menos descarado que el que intentan perpetrar el PSOE y Unidas Podemos. Una vergonzosa afrenta internacional que los españoles no merecen y que debe ser rectificada.