Las claves del caso Dina: Una causa que se vuelve contra los supuestos perjudicados

Es una trama compleja con sucesivos golpes de efecto

Dina Bousselham (izquierda) a su llegada el dia 18 a la Audiencia Nacional
Dina Bousselham (izquierda) a su llegada el dia 18 a la Audiencia Nacional

Madrid / La Voz

El robo del móvil de Dina Bousselham se produjo 1 de noviembre del 2015 y fue denunciado por la propia colaboradora de Pablo Iglesias. Según el relato del juez, el contenido de la tarjeta de ese teléfono llegó a manos del comisario José Manuel Villarejo a través del director de la revista Interviú, Luis Alberto Pozas, que entregó una copia al director del Grupo Zeta Antonio Asensio. El editor se la entregó a Iglesias el 20 de enero de 2016. Ese día, el líder de Podemos vio archivos personales y de carácter muy íntimo de Bouseelham. Y comprobó que su colaboradora había hecho capturas de pantalla con afirmaciones suyas comprometedoras en un chat de la formación. Entre ellas, una en la que Iglesias afirmaba que «azotaría a la periodista Mariló Montero «hasta que sangrase» y otra en la que decía ser «un macho alfa». A pesar de ello, se quedó la tarjeta sin entregársela a su colaboradora hasta, presuntamente, agosto del 2017. Luego, en julio del 2016 se publicaron en el digital okdiario las capturas de pantalla procedentes de ese teléfono que Iglesias ya había visto, por lo que sabía, según el juez, que procedían de envíos que Bouseelham había hecho a otras personas. Más tarde, el 3 de noviembre de 2017, en un registro en la vivienda de Villarejo apareció un disco duro con dos carpetas DINA 2 y DINA 3 y otro pen drive con las carpetas DINA 2 y DINA 3, ambas con archivos de esa misma tarjeta.

A lo que el juez apunta es a que Iglesias aprovechó este hecho y la publicación de las imágenes en el diario para urdir una maniobra judicial «estrictamente de oportunidad política» ampliando la denuncia por robo vinculándola a una supuesta operación encargada al comisario Villarejo por parte de lo que él llama «las cloacas del Estado», para perjudicarle. El juez admitió primero su personación como perjudicado, pero luego, tras investigar, se la retiró.

En una entrevista el pasado mes de julio, Iglesias reconoció que tuvo acceso a la tarjeta tras serle entregada por Antonio Asensio y que tomó «la decisión» de quedársela para no añadir «más presión» a su colaboradora. «En ese teléfono había fotos íntimas de Dina. ¿Se imagina una mujer de veintipocos años entregando fotos íntimas a gentuza como Villarejo?», sostuvo.

García-Castellón, el juez que tiene bajo su mazo a PP y Podemos

El magistrado motero llegó a la Audiencia Nacional para suplir una baja de Garzón

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Fran Balado

El Diario de Sesiones del Congreso dejó registrado recientemente que Pablo Iglesias, desde el sillón azul de vicepresidente del Gobierno, se refirió al juez Jorge Fernández Vaquero como «conservador», motivando el enfado del magistrado, que se vio obligado a salir en las redes sociales a reivindicar su «independencia» y la «despolitización» de la Justicia.

No es la primera vez que desde Podemos o su entorno más cercano colocan una etiqueta a un magistrado. Una de las últimas fue al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que se refieren como «juez para la derecha». A Manuel García-Castellón y García-Lomas (Valladolid, 1952) no le gusta la fama, pero ese intento de mantener un perfil bajo y discreto no casa con los casos que han caído en su poder, que no son otros que algunos de los más mediáticos del país en los últimos años, como la Púnica, la Lezo o la Tándem, tres investigaciones que salpican de lleno tanto a Génova como a Princesa, cuarteles generales del PP y Podemos, respectivamente.

Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Salamanca, la carrera judicial del mayor de cuatro hermanos nacidos de una familia acomodada de las orillas del Pisuerga arranca a los 29 años, como responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad vizcaína de Marquina, en donde pasó la primera etapa de una década en la que recorrió media España: contempló el paso de los peregrinos en su camino a Santiago por la caminera y burgalesa Castrojeriz, se aproximó a Galicia cuando le destinaron a la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, regresó cerca de casa durante su estancia en Medina del Campo, y disfrutó del Mediterráneo mientras estuvo destinado en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Instrucción número 1 de Baleares. Tras un breve paso por Palma, logró plaza en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid. Parecía que acababa de completar el círculo que buscan cerrar muchos funcionarios de la judicatura. La soñada vuelta a casa. Sin embargo, la carrera no había hecho nada más que empezar.

Supliendo al diputado Garzón

En 1993, Baltasar Garzón, el juez más mediático del momento, y probablemente de la historia de España, logra un escaño en el Congreso desde las listas del PSOE, dejando una vacante temporal en la Audiencia Nacional de la que se haría cargo García-Castellón, que acabaría ganándose una plaza de titular al frente de la sala 6. Son los años más sanguinarios de ETA, por lo que, entre otros muchos casos, se convierte en el encargado de la instrucción del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco y del intento de magnicidio contra José María Aznar, al que solo el blindaje del Audi V8 le salvó de una muerte segura. También cae en sus manos la investigación contra el expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella, Jesús Gil, y la investigación sobre Banesto que acabó con Mario Conde entre rejas. Tras años de gran intensidad, el Gobierno de Aznar lo promociona para ocupar una plaza de nueva creación en el año 2000: juez de enlace de España en París, cuyo objetivo primordial era engrasar las investigaciones y las extradiciones de los terroristas en un contexto de plena colaboración entre las policías y los sistemas judiciales español y francés. El puesto, en el que lo mantuvo Zapatero durante sus dos mandatos, llegando a condecorar a García-Castellón con la encomienda de Isabel la Católica, está remunerado con 130.000 euros anuales. Después pasaría a ejercer la misma función en Roma, pasando un total de 17 años fuera de España. Pero en el 2017 decide regresar a su plaza en la Audiencia tras la salida del que hasta la fecha había ocupado su vacante, el juez Eloy Velasco. Su retorno se vería salpicado de una gran polémica tras haber trascendido una conversación entre el exministro Zaplana y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… [por Velasco]. Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted para acá´. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?´ A tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular [García-Castellón], que ya me las apañaré, coño», comentaba González, profecía que se acabaría cumpliendo. Así es como García-Castellón hereda algunos de los casos más mediáticos, en los que acabaría imputando a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes.

Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, es un apasionado de las dos ruedas, y disfruta a lomos de su moto. En el 2022, cumplirá 70 años, edad a la que los jueces están obligados a jubilarse salvo que soliciten una prórroga de dos. Entonces sí, disfrutará de todo el tiempo del mundo para dedicarse a su otro gran pasatiempo: la lectura.

El juez pide al Supremo que abra una causa contra Iglesias por denuncia falsa

Acusa al líder de Podemos de urdir una actuación «falsaria» en el caso Dina

Gonzalo Bareño

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de pedir al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sorprendió ayer al Ejecutivo en plena presentación de su plan de recuperación económica y generó un terremoto político. El magistrado achaca al líder de Podemos los presuntos delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos en la pieza Dina, que investiga el robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham y la publicación de mensajes íntimos. El Supremo tendrá que decidir ahora, tras escuchar a la Fiscalía, si abre una investigación contra Iglesias, para lo que tendría que pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso, dado que es aforado.

El juez estima que con su personación en la causa como perjudicado Iglesias desplegó una «consciente y planificada actuación falsaria» para fingir «ante la opinión pública y ante su electorado» haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente. En su escrito de 63 páginas, García Castellón pide que se investigue también a Bousselham y a su marido, Ricardo Sá Ferreira, por falso testimonio en el caso. Y también reclama que se actúe contra los abogados de Podemos Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez, y contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.

La decisión del juez sorprendió a Podemos y al propio Iglesias, ya que hace quince días la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le devolvió la condición de perjudicado en el caso. Pero García Castellón apunta ahora múltiples indicios contra él.

Agravante de género

«Se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria», señala, y vincula esta forma de proceder al hecho de que Iglesias había accedido al contenido de esa memoria y supo que Bousselham, como admitió luego en su declaración, había hecho capturas de pantalla para enviárselas a terceros. El juez entiende que el delito de revelación de secretos, al haberse apoderado Iglesias de datos íntimos, «se habría cometido por razones de género», lo que lo agrava.

Explica que «a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en okdirario», Iglesias instó a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia por robo de Bousselham «tratando de simular falsariamente una conexión» entre esas fotos y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre del 2015, aparentando que el robo y la publicación de las imágenes eran un encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo para «perjudicar» a Iglesias. «El señor Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación», indica. Como alternativa al delito de denuncia falsa, el juez plantea que se le investigue por simulación de robo.

Mientras el presidente del Gobierno mostró su respaldo a Iglesias, Podemos cargó contra el magistrado. «El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo», señaló el portavoz del partido morado en el Congreso, Pablo Echenique. El presidente del PP, Pablo Casado, pidió a Sánchez el cese «inmediato» de Iglesias. «Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura», indicó. Ciudadanos no pide por ahora su destitución, pero cree si el Supremo lo imputa «ya no habrá remedio».

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Las claves del caso Dina: Una causa que se vuelve contra los supuestos perjudicados