8 de octubre del 2017: División en el secesionismo ante una declaración de independencia que nadie reconocerá

Aguas de Barcelona y la Fundación La Caixa se suman al éxodo empresarial

Puigdemont y Junqueras, en una imagen de archivo
Puigdemont y Junqueras, en una imagen de archivo

Redacción

Cataluña afrontaba 48 horas decisivas el 8 de octubre del 2017. El secesionismo llegaba dividido ante un trascendental pleno convocado para ese martes, pendientes de hacia donde se iba a inclinar el presidente catalán, Carles Puigdemont. Si volvía a la senda de la legalidad que ya había abandonado hace tiempo, o si, por el contrario continuaba el desafío y optaba por una declaración de independencia que nadie reconocería.

Baño de realidad para los independentistas desde la Unión Europea, que ya había anunciado que cerraría todas las puertas a un reconocimiento de un nuevo estado. Y sobre todo, desde el tejido empresarial, cada vez más asustado por los acontecimientos y la incertidumbre social y jurídica que implicaría una independencia inútil.

En estas horas previas, la CUP, partido antisistema clave para que las cuentas secesionistas cuadren, se sentía cada vez más protagonista. Su apuesta era clara. El martes, declaración de independencia. Sus parlamentarios y los de la coalición Junts pel Sí negociaban un texto que sirva de encuentro para su aprobación en el pleno del martes. La propuesta de los sectores más moderados era una especie de declaración de ruptura que se anunciase, pero que no se aplicase, a la espera de una negociación posterior. La estrategia desde la Moncloa fue confiar en que esa grieta se ampliase y que el secesionismo se resquebrajase cuando llegase el momento de la verdad.

Sigue el éxodo empresarial

Otra de las entidades con más peso en Cataluña, la Fundación La Caixa, decía adiós a la comunidad y trasladaba las sedes sociales de todas sus estructuras a Palma de Mallorca. A este traslado, un importante revés para la causa independentista, se sumó otro, referente en la Ciudad Condal, Aguas de Barcelona. Agbar explicó en un comunicado que la decisión adoptada por su consejo de administración de trasladarse estaba motiva por la «situación política de Cataluña», con el objetivo de «preservar la seguridad jurídica de los inversores». Las mismas razones que llevaron a dos de la entidades financieras más relevantes de la comunidad, CaixaBank y el Sabadell, a moverse a Valencia y a Alicante, «los países catalanes», según la singular interpretación del hecho que hizo el vicepresidente, Oriol Junqueras.

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