El Gobierno da a Torra por amortizado e invita al secesionismo a dialogar

El presidente inhabilitado pide al Constitucional que suspenda la condena

Dolors Bassa y Carme Forcadell, junto a Quim Torra, en una imagen de archivo
Dolors Bassa y Carme Forcadell, junto a Quim Torra, en una imagen de archivo

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dio este martes por amortizada la etapa de Torra al frente de la Generalitat, al afirmar que en Cataluña «el tiempo de la confrontación, del frentismo, de la desobediencia en términos legales, ha pasado» y que es momento de abrir un «nuevo capítulo de la mano de la empatía, el diálogo y la capacidad de comprensión» en la mesa de diálogo entre los dos Ejecutivos.

El Gobierno insiste en mantener con vida las dos únicas vías transitables para aprobar los Presupuestos, pero cuanto más se aproxima la tramitación del proyecto presupuestario, más claro parece que el plan A pasa por firmar un acuerdo con ERC, relegando a Ciudadanos a un hipotético segundo plano al que solo recurrirán en caso de necesidad. Así lo llegó a admitir este martes María Jesús Montero, que reafirmó la voluntad del Ejecutivo de coalición de «hablar con todos los grupos políticos», pero que lo harán «muy especialmente con aquellos que hicieron posible la investidura».

«Nos quedamos con las palabras expresadas por ERC. Hasta la fecha ha demostrado su voluntad, su predisposición, para aprobar los presupuestos», afirmó. Lo que sí parece seguro es que una de las condiciones que exigirán los republicanos será la de mantener una nueva reunión de la llamada mesa de diálogo entre Gobiernos que se cobraron a cambio de la investidura. La portavoz del Ejecutivo aseguró su «absoluta disponibilidad» para sentarse por segunda ocasión cuando el Gobierno catalán lo requiera.

Todavía en la estrategia de la confrontación, Quim Torra denunció este martes que es «absolutamente increíble» que se absuelva a los responsables del caso Bankia mientras están en la prisión «demócratas honorables», en referencia a los dirigentes separatistas presos.

Visita a la cárcel

En su primer día como expresidente de la Generalitat tras ser inhabilitado, Torra visitó este martes por la mañana a los presos de Lledoners y, ya por la tarde, mantuvo en el Palau de Pedralbes de Barcelona una videoconferencia con los dirigentes que huyeron de la Justicia al extranjero, entre ellos el también expresidente catalán Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

«Es una cosa absolutamente increíble que solo pasa en el Estado español», añadió un indignado Torra.

La inhabilitación de Quim Torra aboca a Cataluña a una nueva cita electoral. El presidente del grupo de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, dio por hecho este martes que las elecciones serán el domingo 7 de febrero, ya que así lo indican los plazos marcados por la Ley de Presidencia: «No es una opinión política, son matemáticas».

«Es un debate que está finiquitado», insistió, tras explicar que al no haber convocado Torra las elecciones antes de que el Supremo ratificase su inhabilitación, ya no hay margen para decidir otra fecha.

Recurso al Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará el próximo 6 de octubre si admite a trámite el recurso de amparo que ha presentado la defensa de Torra contra la sentencia del Supremo que confirma su condena de un año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central.

Fuentes del TC explicaron a Efe que el pleno del tribunal decidirá también si admite la solicitud del abogado de Torra de suspender de forma urgente la ejecución de esta sentencia.

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Inhabilitado, sí; pero acolchado también. A pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Superior de Cataluña por la que se aparta a Quim Torra durante 18 meses del ejercicio de cualquier cargo público, el líder secesionista se irá a casa con el bolsillo lleno y con un paquete de privilegios con el que soñarían muchos empleados.

Desde el 2003, los expresidentes de la Generalitat -da igual si han dejado el cargo solo por perder en las urnas o por haber incurrido en alguna ilegalidad-  tienen garantizado un bonus del 80 % de sueldo durante la mitad del tiempo que han estado acomodados en la poltrona de Sant Jaume. En el caso de Torra, que cobraba al año la friolera de 153.235 euros, percibirá 122.400 euros durante 14 meses.

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