El Gobierno teme por los presupuestos y pide una reunión de la mesa de diálogo

Carmen Calvo exige la celebración de unas elecciones autonómicas «cuanto antes» que les permitan contar con un interlocutor válido en Barcelona

La vicepresidenta Carmen Calvo
La vicepresidenta Carmen Calvo

El Gobierno reclama una convocatoria electoral en Cataluña. «Y cuanto antes, mejor». De esta forma lo evidenciaba este lunes la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, al entender que es el mejor escenario político posible de entre todos los que se abren tras la sentencia mediante la que Quim Torra queda inhabilitado como presidente de la Generalitat de forma firme.

«Convendría que Cataluña entrara en un espacio en el que los catalanes sean los que hablen; cuanto antes, mejor», manifestó este lunes a su llegada al Congreso, en donde prosigue la ronda de negociaciones del Gobierno y las formaciones con representación parlamentaria de cara a articular una mayoría que les permita aprobar unos nuevos Presupuestos.

Buena parte del resultado de esa votación, trascendental para mantener con vida la legislatura dependerá de lo que suceda en Cataluña. Uno de los requisitos exigidos por el secesionismo para dar su visto bueno a unas nuevas cuentas públicas pasa por una nueva reunión de la llamada mesa de diálogo entre gobiernos, que fue pactada entre ERC y Sánchez a cambio de su investidura. Sin embargo, parecen no darse las mejores circunstancias para un segundo encuentro entre los más altos representantes de la Moncloa y del Ejecutivo catalán. «Cuanto antes esté Cataluña en condiciones de tener capacidad de trabajo con el Gobierno de España, mejor para todos», dijo Calvo.

Reunión de la mesa de diálogo

La número dos del Ejecutivo reafirmó la intención del Gobierno de mantener una nueva reunión tan pronto como sea posible, apelando a la necesidad de no cerrar los canales de comunicación entre ambas instituciones como la mejor manera de evitar lo sucedido en el 2017, con la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia por parte del Parlamento autonómico. «Lo que ocurrió hace años con Gobiernos del PP no puede volver a ocurrir», denunció. La declaración de independencia fue sofocada entonces mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras un pacto entre Rajoy y Sánchez, quien por entonces lideraba la oposición.

La vicepresidenta del Gobierno defendió la «legalidad» de una nueva reunión con los independentistas dentro de este foro, pero no quiso entrar a sugerir quién debería sustituir a Torra al frente de la delegación catalana, al entender que esta decisión corresponde a los dos partidos secesionistas representados en la misma. No obstante, Calvo recordó que, tras la primera reunión, celebrada en Moncloa a finales de febrero, las dos partes acordaron que en el siguiente encuentro ya no estarían presentes los presidentes, que delegarían responsabilidades en sus subalternos.

UP: La «más absurda»

La gran ausencia de aquella polémica reunión en Moncloa fue la de Pablo Iglesias, que alegó motivos de salud. El vicepresidente segundo del Ejecutivo guardó este lunes silencio. Por parte de la pata morada del Gobierno solo se manifestó el ministro de Universidades, Manuel Castells, que se refirió a la inhabilitación de Torra como algo «exagerado». La sentencia del Supremo tampoco pareció gustarle al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Tan solo unos días después de haber manifestado su deseo de que Felipe VI no volviese nunca más a pisar Cataluña, el diputado de los comunes, que a su vez es uno de los interlocutores elegidos por el Gobierno para negociar con los secesionistas, reaccionó en Twitter de la siguiente manera: «La inhabilitación por una pancarta es probablemente el caso más absurdo que hemos visto en toda la etapa de judicialización de la política». Asens se refirió a una «sentencia injusta de un poder judicial secuestrado por la derecha». Por su parte, la dirigente autonómica Jéssica Albiach también mostró el malestar de los morados por una sentencia que consideró «desproporcionada».

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